La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, asistió este lunes a la audiencia pública realizada en el Complejo Judicial del norte de Quito, donde se abordó la acción de protección interpuesta por ella contra el Ministerio del Trabajo. Esta acción busca impugnar la sanción de suspensión de su cargo por un período de 150 días sin derecho a remuneración, una medida tomada bajo un proceso administrativo que la acusa de incumplir funciones.
La audiencia estuvo a cargo de la jueza Nobia Vera, quien, durante el desarrollo de la misma, consultó al abogado defensor del Ministerio del Trabajo acerca de la legislación que sustenta la decisión tomada por la cartera de Estado. La respuesta del representante del Ministerio fue titubeante, mostrando dificultades para identificar y explicar con claridad los fundamentos legales de la sanción impuesta a la vicepresidenta.
La medida, que se enmarca dentro de un proceso administrativo por presunto incumplimiento de funciones, ha generado controversia, no solo por la suspensión de una figura política de alto rango, sino también por la falta de argumentos sólidos y coherentes por parte del Ministerio para justificarla. El abogado defensor de Abad, por su parte, destacó que la sanción carece de una base jurídica firme y que el proceso administrativo se está llevando a cabo sin respetar el debido proceso y los derechos fundamentales de la vicepresidenta.
El caso ha captado la atención de varios sectores políticos y jurídicos, que cuestionan tanto la legalidad de la sanción como las posibles implicaciones políticas del enfrentamiento entre la vicepresidenta y el Ministerio del Trabajo. Este tipo de acciones de protección, que buscan resguardar los derechos laborales y políticos de los funcionarios públicos, son fundamentales para garantizar la transparencia en los procedimientos administrativos.
En la audiencia también se discutieron aspectos clave sobre el alcance de las sanciones administrativas y las garantías que deben ser aseguradas para los funcionarios públicos en situaciones similares. La defensa de Abad insiste en que la medida es arbitraria y carece de justificación legal suficiente, mientras que el Ministerio del Trabajo no ha logrado presentar pruebas contundentes que avalen la suspensión del cargo.
Este caso podría sentar un precedente importante en la interpretación y aplicación de las leyes laborales en Ecuador, particularmente en lo que respecta a la potestad del Estado para sancionar a altos funcionarios, y la protección de sus derechos constitucionales en el ejercicio de sus funciones. La jueza Vera se ha comprometido a emitir un fallo en los próximos días, lo que mantendrá en vilo a la opinión pública y podría tener implicaciones significativas tanto en el ámbito político como en el judicial.
