Con la emisión del Decreto Ejecutivo N.º 3, el presidente Daniel Noboa delegó a la vicepresidenta de la República, María José Pinto, una serie de funciones trascendentales relacionadas con la salud pública, el desarrollo infantil y la educación intercultural, reafirmando así el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de las políticas sociales en el país.
La disposición presidencial, firmada esta semana, otorga a Pinto la responsabilidad de articular políticas públicas integrales, planes, programas y proyectos en cinco ejes fundamentales: salud mental, educación intercultural bilingüe, embarazo adolescente, primera infancia y desnutrición crónica infantil (DCI). Esta designación no solo marca un giro significativo en el enfoque estratégico del Ejecutivo, sino que también pone bajo el liderazgo de la Vicepresidencia algunos de los desafíos más urgentes que enfrenta Ecuador.
Salud mental: una deuda histórica
En un país donde los trastornos mentales han sido tradicionalmente invisibilizados, la inclusión de este tema en la agenda vicepresidencial abre la posibilidad de una transformación institucional profunda. Según cifras del Ministerio de Salud Pública, los trastornos de ansiedad, depresión y el consumo problemático de sustancias afectan a miles de ecuatorianos, y el sistema sanitario aún carece de cobertura, personal especializado y programas de prevención adecuados. La articulación de una política integral podría representar un avance en derechos humanos y salud pública.
Educación intercultural bilingüe: visibilizar la diversidad
El fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe también forma parte del paquete de competencias asignadas. En un país plurinacional como Ecuador, donde coexisten al menos 14 nacionalidades indígenas, la educación en lengua materna es un pilar fundamental para preservar la identidad cultural. Sin embargo, docentes mal capacitados, falta de materiales educativos adecuados y escaso presupuesto han obstaculizado históricamente este modelo. La Vicepresidencia tendrá ahora el reto de impulsar reformas y alianzas que permitan una cobertura efectiva y de calidad, especialmente en territorios rurales y amazónicos.
Embarazo adolescente y DCI: dos rostros de la pobreza estructural
El embarazo en adolescentes es un problema estructural vinculado a múltiples factores: falta de educación sexual, violencia de género, pobreza y ausencia del Estado en zonas vulnerables. Ecuador mantiene una de las tasas más altas de embarazo adolescente en América Latina. Según el INEC, más del 18% de adolescentes entre 15 y 19 años ha estado embarazada al menos una vez. La delegación de esta responsabilidad a la Vicepresidencia podría abrir un camino para integrar respuestas interinstitucionales más efectivas.
Por otra parte, la desnutrición crónica infantil (DCI) continúa siendo una de las mayores urgencias del país. En zonas como la Sierra centro y la Amazonía, más del 25% de los niños menores de cinco años la padecen, lo cual compromete su desarrollo físico, cognitivo y emocional. El reto de María José Pinto será generar un modelo coordinado con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Ministerio de Salud, gobiernos locales y organismos internacionales para erradicar esta problemática que condena a miles de infantes al rezago desde su nacimiento.
Primera infancia: inversión con retorno social
El cuidado y desarrollo integral en los primeros años de vida tiene un impacto directo en la productividad, salud y educación futura de las personas. Las políticas de atención a la primera infancia incluyen desde acceso a centros de cuidado infantil hasta programas de estimulación temprana, nutrición, educación familiar y prevención del maltrato. Esta función, ahora en manos de la Vicepresidencia, representa una oportunidad para construir políticas públicas sostenibles con una mirada intergeneracional.
¿Un viraje político o una apuesta social?
La asignación de estas funciones no ha pasado desapercibida en los círculos políticos. Para algunos analistas, se trata de una estrategia del presidente Noboa para posicionar a María José Pinto como una figura clave de gobernabilidad y fortalecer la imagen del Ejecutivo en temas sensibles a la ciudadanía. Para otros, es una muestra de confianza en su capacidad técnica y su perfil conciliador. Lo cierto es que, con este decreto, la Vicepresidencia recupera una función activa y propositiva, luego de años de protagonismo limitado.
Con este nuevo rol, María José Pinto tiene el reto de demostrar que la política social puede dejar de ser un discurso y convertirse en acción, planificación técnica y resultados concretos. El tiempo y la ejecución dirán si esta apuesta política marcará un antes y un después en la lucha contra las desigualdades estructurales del país.
