En medio de un clima de creciente inseguridad, la Asamblea Nacional de Ecuador ha lanzado un llamado de urgencia, solicitando a la bancada oficialista de Alianza Democrática Nacional (ADN) que ponga en marcha la discusión de la Ley de Seguridad Penitenciaria. Este proyecto de ley, que se encuentra represado desde el 17 de octubre de 2024, ha generado alarma en diversos sectores tras los recientes atentados contra guías penitenciarios. A pesar de que este proyecto fue calificado favorablemente por el Comité de la Asamblea Legislativa (CAL) y notificado en su momento, aún no ha sido tratado por la Comisión de Seguridad Integral, presidida por ADN, lo que ha levantado fuertes cuestionamientos respecto a la celeridad y el compromiso en la atención de una crisis de seguridad que afecta tanto a las autoridades como a la población en general.
Un contexto de creciente violencia en los penales
El contexto detrás de esta situación no puede ser más claro: los recientes atentados contra guías penitenciarios en varias cárceles del país han puesto en evidencia la debilidad de las estructuras de seguridad en el sistema penitenciario ecuatoriano. Los ataques han dejado un saldo de muertos y heridos, lo que resalta la urgencia de una reforma estructural y legal que garantice una mayor protección para los empleados del sistema penitenciario y, por ende, para la sociedad en su conjunto. La falta de una legislación moderna, adecuada a las nuevas amenazas y desafíos del sistema carcelario, pone en jaque no solo a los internos y custodios, sino también a la seguridad pública en general.
Un proyecto de ley que lleva meses esperando su turno
La Ley de Seguridad Penitenciaria, propuesta por varios actores del ámbito legislativo, tiene como objetivo establecer un marco más robusto y eficaz para la seguridad en las prisiones, buscando mejorar las condiciones de trabajo de los guías penitenciarios, optimizar el control de los penales y, sobre todo, prevenir los actos violentos que han marcado los últimos años de la historia carcelaria en Ecuador. Sin embargo, a pesar de su relevancia, este proyecto de ley sigue sin ser debatido en la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, donde se espera que sea analizado y aprobado para luego pasar a su respectiva votación.
Las críticas se han centrado en la falta de acción por parte de los legisladores, quienes han sido acusados de priorizar otros temas por encima de la seguridad de los ciudadanos y funcionarios encargados de la vigilancia en los centros penitenciarios. El Comunicado de la Asamblea destaca la responsabilidad de la bancada oficialista, que tiene bajo su tutela la Comisión de Seguridad Integral, instando a que se tomen decisiones inmediatas sobre este asunto crucial.
¿Qué está en juego con esta ley?
Lo que está en juego con la Ley de Seguridad Penitenciaria no solo es la seguridad de los guías y funcionarios, sino también la protección de la sociedad. Un sistema penitenciario eficiente y controlado contribuye a la reducción de los índices de violencia y delincuencia en el país. Por lo tanto, el retraso en la discusión y aprobación de esta ley no solo está perjudicando a los trabajadores del sistema penitenciario, sino que también podría estar comprometiendo el bienestar y seguridad de toda la nación.
Llamado a la acción y posibles soluciones
Frente a esta crítica situación, las voces dentro de la Asamblea Nacional y en la opinión pública piden celeridad en el tratamiento de la ley. La bancada de ADN, como principal responsable, está llamada a liderar este proceso, entendiendo que el tiempo apremia y que cada día que pasa sin una respuesta efectiva pone en riesgo la vida de los guías penitenciarios y la estabilidad del sistema penitenciario ecuatoriano. Este es un momento en que los intereses políticos deben ser puestos a un lado y el bienestar común debe ser la prioridad.
