La disputa política entre el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y la vicepresidenta Verónica Abad ha alcanzado un nuevo nivel de tensión tras una sentencia judicial que reinstauró a Abad en sus funciones. Pese al fallo, el Ejecutivo ha militarizado las instalaciones de la Vicepresidencia, impidiendo el ingreso de la funcionaria, y ha emitido nuevas directrices para que esta retorne a Turquía bajo el argumento de cumplir tareas diplomáticas.
Un fallo histórico: derechos constitucionales vulnerados
El 22 de diciembre, la jueza Nubia Vera emitió una resolución contundente que invalidó la suspensión de 150 días impuesta a Abad por el Ministerio de Trabajo. Este castigo había sido justificado por una presunta negligencia en el cumplimiento de sus funciones tras su demora en viajar desde Tel Aviv a Ankara en medio de un conflicto en Israel. Sin embargo, Vera determinó que no existía sustento legal para la sanción y que se habían cometido al menos ocho violaciones a los derechos constitucionales de Abad.
En su sentencia, la jueza también ordenó que la ministra de Trabajo, Ivone Núñez, ofrezca disculpas públicas a Abad en un plazo de 72 horas, aunque Núñez ya ha anunciado que apelará la decisión.
Presiones y amenazas: la denuncia de la jueza Vera
El caso tomó un giro inesperado cuando la jueza Vera denunció públicamente haber sido coaccionada por Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. Según Vera, Godoy intentó influir en su fallo bajo amenaza de destitución. La magistrada presentó pruebas de estos intentos, incluyendo una memoria USB que contenía una sentencia preescrita en contra de Abad. “Es la primera vez en más de 10 años de carrera que recibo amenazas de esta magnitud”, declaró Vera, quien también expresó preocupación por su seguridad y la de su familia.
Por su parte, Godoy rechazó las acusaciones a través de un comunicado, negando haber ejercido presión alguna sobre la jueza.
Abad enfrenta nuevas barreras tras el fallo
Aunque la sentencia es de cumplimiento inmediato, la reacción del Gobierno de Noboa ha sido drástica. Abad intentó ingresar a su despacho en el edificio de la Vicepresidencia, pero encontró el acceso bloqueado por vallas metálicas y personal militar. Desde el lugar, Abad calificó la situación como “una vergüenza internacional” y acusó al Ejecutivo de desacatar la resolución judicial.
Simultáneamente, en el Palacio de Carondelet, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, anunció que Abad no tiene funciones administrativas en Ecuador y que debe presentarse en Turquía antes del 27 de diciembre para cumplir una tarea “especial y temporal”.
Un conflicto de poder que refleja una relación rota
El distanciamiento entre Noboa y Abad comenzó incluso antes de asumir sus cargos, tras ganar la primera vuelta electoral en agosto de 2023. Noboa ha sido abierto sobre su descontento con Abad, calificando su elección como un error en recientes entrevistas.
Mientras tanto, el Ejecutivo ha iniciado nuevas acciones legales contra Abad, incluida una denuncia de violencia política presentada ante el Tribunal Contencioso Electoral por Diana Jácome, asesora del presidente. La denuncia busca su destitución y se suma a los intentos del Gobierno de evitar que Abad asuma la presidencia mientras Noboa se encuentra en campaña electoral.
Con esta pugna en curso, el país enfrenta un momento crítico que podría sentar precedentes sobre la relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial, así como la estabilidad política en medio de un periodo electoral.
