El 6 de diciembre de 2024, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) ejecutó el traslado de 40 internos desde la cárcel de Machala hacia el Centro de Privación de Libertad de Turi, ubicado en Cuenca. Este operativo se llevó a cabo sin que se ofrecieran declaraciones oficiales sobre las razones específicas detrás de la decisión.
Sin embargo, Diego Matovelle, asambleísta por el Azuay, utilizó sus redes sociales para brindar claridad sobre el tema, afirmando que la medida responde a problemas de hacinamiento en las cárceles de la región. Según Matovelle, estos traslados tienen carácter temporal y se enmarcan dentro de un plan más amplio del Gobierno para reformar el sistema penitenciario del país.
Una estrategia de alivio carcelario
El legislador destacó que bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa se están adoptando soluciones estructurales a largo plazo. Entre estas iniciativas, señaló la construcción de dos nuevas cárceles de máxima seguridad en Santa Elena y Napo, las cuales estarán destinadas a albergar a los privados de libertad más peligrosos del país.
“El hacinamiento es un problema que afecta tanto la seguridad interna de los centros penitenciarios como las condiciones de vida de los internos, y estas medidas buscan resolverlo de manera efectiva”, afirmó Matovelle.
Una problemática recurrente
El sistema carcelario ecuatoriano ha enfrentado críticas constantes debido al hacinamiento, los enfrentamientos violentos entre bandas y la falta de recursos para garantizar una adecuada administración. Según informes recientes, muchos centros de detención operan con una sobrepoblación que supera el 50%, lo que genera tensiones tanto entre los internos como en el personal penitenciario.
El traslado de los internos de Machala a Turi podría ser una medida transitoria que permita redistribuir a la población carcelaria mientras se ejecutan los proyectos de infraestructura anunciados. No obstante, expertos en derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil han señalado que estos movimientos deben realizarse garantizando la seguridad, los derechos y la estabilidad de los internos afectados.
