Tensión política al rojo vivo: fuerte cruce entre Patricia Núñez (RC) y Ferdinan Álvarez (ADN) en la Comisión de Fiscalización
La sesión ordinaria de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional del Ecuador, desarrollada el miércoles 25 de junio de 2025, se convirtió en el escenario de una encendida confrontación política entre los legisladores Patricia Núñez, de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), y Ferdinan Álvarez, actualmente integrante de Acción Democrática Nacional (ADN), agrupación oficialista.
El punto álgido del debate se produjo cuando Álvarez, en tono elevado y con visible molestia, acusó directamente a su excompañera de bloque de haber actuado, según sus palabras, como «encubridora» en un presunto caso de abuso sexual dentro de una institución pública. Aunque el legislador no ofreció detalles concretos ni identificó a la víctima ni a los supuestos responsables, la gravedad del señalamiento desató una inmediata y contundente reacción por parte de Núñez, quien rechazó categóricamente la acusación, calificándola de «infame, temeraria y carente de sustento».
“Yo jamás encubriría un acto de violencia, mucho menos contra una mujer. Me niego a permitir que se use la política para manchar mi nombre y mi trayectoria”, expresó Núñez, visiblemente indignada, al tiempo que exigía respeto y pedía al presidente de la comisión que pusiera orden ante lo que consideró un “ataque personal con motivación política”.
La tensión escaló durante varios minutos, con intervenciones cruzadas, gritos e interrupciones, lo que obligó a suspender temporalmente la sesión. Algunos asambleístas intentaron mediar, mientras otros lamentaron que la pugna interna desvirtúe el trabajo técnico de la comisión.
Contexto político y ruptura de bancadas
Este episodio refleja las profundas fracturas políticas en la Asamblea Nacional, particularmente entre exaliados. Álvarez, quien en su momento fue parte de la Revolución Ciudadana, se distanció de esa organización y se unió al bloque oficialista de ADN. Desde entonces ha sido crítico con sus antiguos compañeros, acusándolos de bloquear la gestión del Ejecutivo y de actuar con doble moral.
El señalamiento contra Núñez no parece ser solo un episodio aislado, sino parte de un conflicto mayor en el cual se cruzan disputas de poder, intereses partidistas y pugnas por la narrativa pública en temas sensibles como la violencia institucional.
Implicaciones legales y éticas
Hasta el cierre de esta nota, no existía una denuncia formal ante Fiscalía ni un proceso judicial abierto relacionado con el caso mencionado por Álvarez. No obstante, varios actores sociales han solicitado a los legisladores que actúen con responsabilidad, recordando que acusaciones de esta naturaleza requieren pruebas, no solo declaraciones políticas.
Por su parte, Patricia Núñez advirtió que podría iniciar acciones legales por difamación, si su nombre sigue siendo vinculado a un supuesto encubrimiento sin sustento probatorio. También solicitó que sus declaraciones consten en actas para dejar constancia del rechazo público a las insinuaciones de su colega.
¿Crisis ética o estrategia política?
El conflicto entre Núñez y Álvarez ilustra cómo el Parlamento ecuatoriano atraviesa un periodo de desgaste institucional, donde los debates legislativos se ven contaminados por confrontaciones personales que distraen del verdadero rol fiscalizador y legislativo. Al mismo tiempo, pone sobre la mesa un dilema delicado: ¿hasta dónde puede llegar un legislador con sus acusaciones bajo el amparo del fuero parlamentario?
La ciudadanía, que observa cada vez con mayor escepticismo la actuación de la clase política, exige claridad, seriedad y coherencia, especialmente cuando se tocan temas tan sensibles como la violencia de género y la ética pública.
