Tensión en Las Naves: Denuncian intento de desalojo a familias por parte de 300 policías en conflicto minero
La tensión se ha apoderado del cantón Las Naves, provincia de Bolívar, donde el Frente Nacional Antiminero ha denunciado un presunto intento de desalojo masivo por parte de al menos 300 elementos policiales. Las familias afectadas mantienen desde hace más de un mes una protesta pacífica contra las operaciones extractivas de la empresa minera canadiense Curimining S.A., a la que acusan de provocar devastación ambiental, daños a sus territorios y vulneraciones a sus derechos fundamentales.
Los comuneros, campesinos y líderes locales han instalado un campamento de resistencia para impedir el avance de maquinaria minera hacia zonas consideradas sagradas y de alto valor ecológico. La presencia de la fuerza pública, según testimonios de habitantes, generó un clima de temor y tensión en la comunidad, que asegura no haber recibido notificación previa de desalojo y mucho menos garantías de diálogo.
“El Estado ha elegido la represión en lugar de la escucha”
A través de comunicados públicos, el Frente Nacional Antiminero calificó como «un acto de brutalidad institucional» el despliegue de uniformados en la zona, quienes presuntamente intentaban despejar el camino para el ingreso de maquinaria minera al área de influencia de Curimining. La organización denunció el uso excesivo de la fuerza y acusó al Estado ecuatoriano de ceder ante los intereses de las grandes transnacionales en perjuicio de los derechos colectivos de las comunidades rurales.
“Hoy somos testigos de un Estado que ha decidido actuar como brazo operativo de la industria minera extranjera. El envío de cientos de policías para reprimir a campesinos que solo exigen respeto a la vida, al agua y a la tierra, es inaceptable”, manifestó uno de los portavoces del movimiento.
La empresa minera Curimining S.A., de capital canadiense, mantiene operaciones en la zona con la concesión del proyecto minero Curipamba. Sin embargo, desde el inicio de sus actividades ha enfrentado oposición constante por parte de la población local, que denuncia contaminación de fuentes hídricas, pérdida de biodiversidad, afectación a cultivos y amenazas a la salud comunitaria.
Comunidades organizadas: defensa del agua y del territorio
Lo que ocurre en Las Naves no es un hecho aislado. Forma parte de un conflicto nacional más amplio entre el modelo extractivista impulsado por el gobierno y las demandas de sectores rurales e indígenas que luchan por la defensa de sus territorios.
La protesta en este cantón ha sido pacífica, según reportes de organizaciones de derechos humanos, y se fundamenta en el rechazo a un proyecto que, según las comunidades, nunca fue debidamente socializado ni consultado de manera previa e informada, como lo exige la Constitución ecuatoriana y el Convenio 169 de la OIT.
“Nos quieren imponer una minería que no hemos pedido. No somos violentos, somos campesinos defendiendo lo que por generaciones hemos protegido. No queremos oro, queremos agua”, expresó una vocera del colectivo Mujeres por la Vida.
¿Minería responsable o extractivismo sin control?
Curimining y otras compañías con operaciones en Ecuador han argumentado que sus proyectos cumplen con todas las regulaciones ambientales y laborales. Sin embargo, las comunidades y organizaciones sociales sostienen lo contrario, y acusan al Estado de falta de transparencia, debilidad institucional y permisividad con prácticas extractivas agresivas.
Para analistas y defensores del medio ambiente, la situación en Las Naves refleja una profunda crisis del modelo de desarrollo. En lugar de diversificar la economía y fortalecer actividades sostenibles como la agroecología o el turismo comunitario, se insiste en políticas extractivistas que, aunque generan ingresos a corto plazo, tienen consecuencias devastadoras a largo plazo para el tejido social y el ecosistema.
Un llamado a la paz, el diálogo y la justicia
El Frente Nacional Antiminero ha hecho un llamado urgente a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para que intervengan en el conflicto, evitando un desenlace violento. Además, piden a la Defensoría del Pueblo que actúe como garante del debido proceso y de los derechos de las comunidades afectadas.
“La fuerza no puede reemplazar al diálogo. Es hora de que el Estado escuche y actúe con responsabilidad”, concluyó el comunicado.
Mientras tanto, en Las Naves, el campamento de resistencia sigue firme. Entre consignas, banderas y vigilias, los pobladores dicen que no se moverán hasta que el gobierno detenga las operaciones mineras y garantice el respeto a la vida, el agua y el territorio.
