El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tomó una decisión trascendental al negar y archivar la denuncia presentada por la vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas, por presunta violencia política. Este caso involucraba al presidente Daniel Noboa Azin, la canciller Gabriela Sommerfeld Rosero, el exviceministro del Ministerio de Gobierno, Esteban Torres Cobo, y la exasesora de Noboa, Diana Jácome Silva.
La denuncia fue interpuesta meses atrás por Abad, quien alegó actos de violencia política en su contra durante su gestión. Sin embargo, tras analizar las pruebas y argumentos presentados, el TCE resolvió que no existían fundamentos suficientes para sustentar estas acusaciones, procediendo a archivar el caso definitivamente.
Denuncia contra Abad por presunta violencia política de género
Mientras tanto, otro caso relevante relacionado con la vicepresidenta se desarrolla también en el TCE. Este 27 de diciembre, se llevarán a cabo las audiencias para la presentación de pruebas de cargo y descargo en el marco de una denuncia por violencia política de género presentada por Diana Jácome Silva, exasesora del presidente Noboa.
Este proceso legal ha generado un particular interés debido a que la fecha coincide con el plazo establecido para que la vicepresidenta Abad se presente en Turquía, según lo dispuesto por el presidente Noboa. No obstante, su equipo legal ha indicado que se acogerá al plazo de 30 días que permite la normativa para cumplir con esta directriz.
Impacto político y repercusiones
Estos casos reflejan las tensiones políticas al interior del gobierno ecuatoriano y la complejidad de los conflictos institucionales entre sus principales figuras. La resolución del TCE de archivar la denuncia de Abad marca un precedente en la evaluación de casos de violencia política y las relaciones entre altos funcionarios de gobierno.
Por otro lado, el desarrollo de la denuncia contra Abad por violencia política de género podría convertirse en un factor clave para definir su imagen pública y política en el futuro próximo.
Los conflictos legales entre altos funcionarios del gobierno de Ecuador subrayan la importancia de fortalecer el diálogo político y las instituciones judiciales como garantes de justicia e imparcialidad. Las decisiones del TCE en estos casos serán determinantes para sentar precedentes en el manejo de denuncias de violencia política y género en el país.
