En una medida que busca garantizar el derecho de todos los aspirantes a acceder a la educación superior en el país, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) anunció este 21 de mayo de 2025 la ampliación del plazo para completar el Registro Nacional, parte esencial del proceso de postulación a universidades e institutos públicos. La nueva fecha límite será el domingo 1 de junio, en lugar del 22 de mayo, como estaba previsto inicialmente.
La decisión llega luego de múltiples reportes ciudadanos sobre fallos e intermitencias en la plataforma digital, lo que impidió que miles de estudiantes lograran completar sus formularios dentro del plazo original. En redes sociales, los aspirantes expresaron su frustración por el mal funcionamiento del sistema, reclamando falta de planificación institucional y exigiendo una respuesta concreta ante la vulneración de su derecho al acceso a la educación.
Un proceso digital marcado por la incertidumbre
Durante los últimos días, la plataforma de la Senescyt —diseñada para recopilar la información personal, académica y socioeconómica de los aspirantes— presentó interrupciones constantes, demoras en la carga de datos y caídas del sistema. Estudiantes de diversas provincias, incluyendo Loja, reportaron que la web los desconectaba justo al momento de guardar o enviar el formulario.
Frente a este panorama, centros educativos, gremios estudiantiles y familiares se unieron en una presión social legítima que exigía equidad tecnológica y condiciones justas para todos. «No todos los estudiantes tienen acceso a internet de calidad o a equipos que permitan ingresar varias veces hasta que funcione. Hay jóvenes en comunidades rurales que dependen de un solo intento», comentó un docente lojano preocupado por la situación.
Respuesta institucional: ¿medida preventiva o correctiva?
Aunque la Senescyt justificó la ampliación del plazo como una acción pensada en el bienestar de los aspirantes, muchos analistas consideran que se trata de una respuesta tardía a una crisis tecnológica predecible. Ya en procesos anteriores, se habían presentado incidentes similares con la plataforma, lo que genera dudas sobre la capacidad institucional para implementar procesos virtuales masivos sin afectaciones.
La extensión del plazo no solo busca aliviar la presión del colapso digital, sino también reconstruir la confianza pública en una entidad que ha sido duramente cuestionada por los jóvenes en los últimos años. “El Estado no puede seguir improvisando con un proceso tan sensible como el acceso a la educación superior”, manifestó una estudiante universitaria desde Loja.
Un llamado a la planificación tecnológica y equidad educativa
Más allá de la extensión del plazo, esta situación reabre un debate urgente: ¿cómo garantizar igualdad de condiciones en el acceso a la universidad en un país con profundas brechas digitales? La intermitencia de una plataforma web puede parecer un inconveniente menor desde los centros urbanos, pero para cientos de jóvenes en sectores rurales de Loja y otras provincias representa una barrera real, concreta y desalentadora.
La Senescyt tiene ahora la responsabilidad no solo de sostener la promesa de una educación accesible, sino también de mejorar sus sistemas, ampliar los canales de atención y asegurar que ningún estudiante quede fuera del proceso por causas técnicas.
Con esta prórroga, se espera que miles de jóvenes lojanos y ecuatorianos logren completar su registro y mantengan viva la posibilidad de ingresar a la universidad. Sin embargo, también queda claro que el país necesita avanzar hacia una educación digitalmente inclusiva, planificada y resiliente, que no dependa del “último momento” para corregir errores que pueden costar futuros.
