Ecuador vive momentos de incertidumbre en cuanto a la seguridad ciudadana. Con más de 6.800 muertes violentas registradas durante 2024, el país se enfrenta a una ola de inseguridad que ha llegado a su punto más crítico. A tan solo días de la proclamación de los resultados de las elecciones presidenciales del 13 de abril de 2025, el nuevo gobierno de Daniel Noboa se encuentra ante el desafío de restaurar la paz y la confianza en las instituciones encargadas de la seguridad pública.
Estadísticas Recientes: Un Panorama Alarmante
Las cifras de violencia en Ecuador no solo son alarmantes, sino también devastadoras. Durante los primeros meses de 2025, el país ha superado la cifra de 750 homicidios en enero y 736 muertes violentas en febrero, lo que refleja una tendencia creciente en la criminalidad. Ecuador se ha convertido en uno de los países más violentos de América Latina, con una tasa de homicidios que ha dejado huella en la población.
La ciudadanía siente una creciente preocupación por la falta de control, especialmente en las principales ciudades como Guayaquil, Quito y Cuenca. El número de asesinatos, secuestros y delitos violentos ha alcanzado niveles preocupantes, afectando el bienestar social y la tranquilidad de la gente. Los analistas coinciden en que, a pesar de los esfuerzos de seguridad, la violencia ha permeado en las calles, afectando a sectores vulnerables y, especialmente, a las zonas periféricas de las ciudades.
Cambios en los Operativos: La Respuesta del Gobierno
Ante este panorama, el gobierno de Daniel Noboa ha implementado diversas medidas para enfrentar la crisis de inseguridad. Una de las primeras acciones fue la militarización de las calles y las cárceles, un enfoque que busca controlar de manera directa las zonas más afectadas por la violencia. Desde enero de 2025, la presencia de efectivos militares ha aumentado en puntos estratégicos de Guayaquil, Quito y otras ciudades clave.
Además, se han incrementado los operativos de control en las zonas de mayor riesgo, con la movilización de más patrulleros y un mayor despliegue de efectivos policiales en áreas conflictivas. El gobierno también ha prometido fortalecer la infraestructura de los centros penitenciarios, donde las condiciones de hacinamiento y el control de bandas delictivas continúan siendo un reto para las autoridades.
No obstante, estas medidas han sido objeto de críticas por parte de varios sectores, incluidos grupos de derechos humanos. Las denuncias de abusos por parte de las fuerzas de seguridad, como ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, siguen siendo una preocupación constante. Además, algunos analistas consideran que la militarización no aborda las raíces del problema, como la falta de oportunidades económicas y la corrupción estructural.
La Opinión de la Ciudadanía: Entre la Esperanza y la Desconfianza
La respuesta de la ciudadanía ante las estrategias de seguridad ha sido dividida. Por un lado, existe un sector de la población que ve con buenos ojos las acciones del gobierno, esperando que la mayor presencia de fuerzas de seguridad logre reducir la violencia de manera inmediata. Sin embargo, otros ciudadanos se muestran escépticos ante la efectividad de las medidas, argumentando que la militarización y la represión no son la solución a largo plazo.
En los foros ciudadanos, muchos coinciden en que la inseguridad no se resuelve solo con más fuerzas en las calles, sino con una estrategia integral que combine prevención, educación y políticas de reintegración social. Además, insisten en que el reforzamiento del sistema judicial y la lucha contra la corrupción son fundamentales para restablecer el orden y la confianza en el país.
Un grupo considerable de ciudadanos expresa que, aunque la presencia militar puede generar una sensación de control inmediato, las verdaderas soluciones deben ser estructurales y atender las causas profundas de la violencia, como el narcotráfico, la pobreza y la falta de oportunidades para las juventudes en situación de vulnerabilidad.
