Roque Ordóñez alerta intento de frenar fiscalización por entrega irregular de USD 560 millones en bonos durante campaña electoral
Una nueva polémica sacude el escenario político ecuatoriano. El asambleísta Roque Ordóñez denunció públicamente que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) estaría intentando obstaculizar un proceso de fiscalización clave que busca esclarecer la presunta entrega irregular de bonos por USD 560 millones durante el último período electoral.
De acuerdo con la denuncia presentada por Ordóñez, estos bonos habrían sido otorgados “sin sustento técnico, social ni económico” y su distribución habría coincidido con los días más intensos de la campaña presidencial, generando sospechas sobre posibles fines electorales y clientelismo político.
💰 Una cifra millonaria bajo la lupa
La cifra en cuestión —USD 560 millones— representa uno de los mayores desembolsos sociales hechos por el Estado en un período tan corto y con tan poca documentación pública de respaldo. Ordóñez advirtió que no existen informes oficiales que justifiquen técnica o presupuestariamente el destino de los recursos, lo cual podría configurar malversación de fondos públicos y uso indebido de recursos del Estado con fines políticos.
El asambleísta ha solicitado que el proceso de fiscalización incluya comparecencias de exministros, autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, y responsables de los programas de bonos y transferencias.
“No se puede permitir que en nombre de la ayuda social se financien campañas políticas con dinero del pueblo”, afirmó el legislador, visiblemente molesto.
🛑 Obstáculos en el CAL
Según el legislador, el CAL estaría bloqueando el avance del pedido de fiscalización, argumentando que no se han cumplido requisitos formales o que el tema no es prioritario. Ordóñez calificó esto como un “intento descarado de encubrimiento”, y no descartó acudir a la Corte Constitucional o a organismos internacionales si el proceso continúa siendo entorpecido.
A criterio del asambleísta, lo que está en juego es la credibilidad institucional de la Asamblea Nacional, que debe garantizar su rol de control político sin ataduras ni cálculos partidistas.
🧮 Posibles consecuencias legales
Si se demuestra que los bonos fueron utilizados con fines proselitistas, los responsables podrían enfrentar juicios políticos, destituciones e incluso procesos penales por peculado, especialmente si se comprueba que se manipuló la política social para condicionar votos.
Desde la sociedad civil, varias organizaciones han pedido que se transparente el listado de beneficiarios, los criterios de asignación y los informes técnicos de los bonos entregados en el primer semestre de 2025.
🎯 Un nuevo choque entre fiscalización y poder político
Este episodio revive las tensiones entre la función legislativa y el Ejecutivo, en un momento en el que el país atraviesa una compleja crisis económica, un sistema penitenciario colapsado y múltiples denuncias de corrupción acumuladas.
Ordóñez ha sido uno de los pocos asambleístas que ha mantenido una línea de control político frontal. Su denuncia no solo apunta a esclarecer el presunto uso indebido de fondos públicos, sino a cuestionar el rol del CAL como filtro político de los procesos de fiscalización.
“Fiscalizar no es un favor. Es un deber constitucional”, sentenció.
