En medio del creciente malestar ciudadano por la falta de mantenimiento de vías y obras en la provincia de Loja, el ex prefecto Rafael Dávila ha reaparecido públicamente para atribuir los problemas actuales a una supuesta deuda del gobierno central con el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial. Sin embargo, sus declaraciones han desatado una ola de cuestionamientos desde diversos sectores políticos y sociales, quienes consideran que el exfuncionario intenta evadir responsabilidades administrativas de su propia gestión.
📻 Declaraciones que reavivan el debate público
Durante una entrevista concedida a un medio radial local, Dávila justificó la paralización de obras afirmando que la Prefectura de Loja no estaría recibiendo los recursos correspondientes del gobierno central. “Este problema también es consecuencia del déficit fiscal… el gobierno nacional no ha transferido, con mayo serían cuatro meses, tres o cuatro meses, que no transfiere los recursos a los GADs. ¿Por qué? Porque no le alcanza el dinero”, dijo el ex prefecto.
Con tono enfático, responsabilizó al Ejecutivo del retraso en los pagos a contratistas, lo que —según él— habría ocasionado la paralización de obras iniciadas en su administración.
⚠️ Fuerte respuesta del exgobernador Freddy Bravo
Las afirmaciones de Dávila no tardaron en generar reacción. El exgobernador de Loja, Freddy Bravo, fue tajante en su respuesta: “Se pone de vocero culpando al gobierno, y de lo que yo tengo conocimiento, están al día en las cuentas. Lo que ocurre es que las deudas heredadas por su administración están ahogando al Consejo Provincial”.
Bravo calificó las declaraciones de Dávila como un intento de victimización y desinformación. Rechazó que se pretenda usar el déficit nacional como escudo político y denunció una actitud que, a su criterio, “busca confundir a la ciudadanía y eludir una verdadera rendición de cuentas”.
📄 Documentos oficiales contradicen a Dávila
Las palabras de Bravo se sustentan en un memorando oficial del Gobierno Provincial, con fecha 22 de mayo de 2025, en el cual se establece que se ha cancelado la remuneración correspondiente al mes de marzo y parte de abril. Esto contradice directamente la narrativa del ex-asambleísta, quien sostiene que hay un retraso de varios meses en las transferencias.
La situación ha generado mayor controversia al revelarse que la prefectura aún enfrenta serias dificultades financieras derivadas de compromisos asumidos durante la gestión de Dávila, incluyendo pagos pendientes a contratistas y proveedores.
🏗️ Obras cuestionadas y uso político en campaña
Más allá del debate por las transferencias, Bravo lanzó duras críticas contra la calidad de las obras realizadas por la administración de Dávila. Aseguró que muchas de ellas fueron utilizadas como vitrinas electorales, pero presentan deficiencias estructurales evidentes. “Las carreteras que construyó son casi de bambalina”, afirmó, aludiendo a una posible sobrevaloración en las contrataciones y materiales de baja calidad.
“Cuando a algún funcionario de control se le ocurra hacer calicatas en esas vías, va a descubrir qué material usaron y cuánto invirtieron realmente. Entonces las cuentas no van a cuadrar”, advirtió Bravo, dejando entrever que podrían iniciarse auditorías más profundas en los próximos meses.
⚖️ Viejas prácticas, nuevos cuestionamientos
Analistas locales interpretan este cruce de declaraciones como parte de un escenario político donde algunos actores del pasado intentan recuperar protagonismo apelando al desgaste del gobierno central. No obstante, los esfuerzos por deslindar responsabilidades chocan con una ciudadanía más informada y con sectores políticos decididos a exigir transparencia.
“Este es un ejemplo claro de cómo ciertos actores intentan sobrevivir políticamente culpando al poder de turno, mientras dejan atrás una gestión con serias inconsistencias”, afirmó un politólogo lojano consultado por este medio.
🔚 ¿Voz ciudadana o estrategia política?
Lo cierto es que las palabras de Dávila han encendido el debate. La ciudadanía lojana exige explicaciones claras, mientras se suman voces que piden auditorías a obras emblemáticas y revisión de contratos realizados bajo su prefectura. El escándalo podría escalar, dependiendo de si las instituciones de control activan o no los mecanismos para investigar posibles irregularidades.
