El expresidente Rafael Correa volvió a generar controversia este miércoles tras denunciar públicamente que la Policía Nacional estaría utilizando una lista interna, conformada por aproximadamente 100 personas, con el objetivo de impedir su salida del país a través de los controles migratorios en aeropuertos internacionales del Ecuador.
La denuncia fue realizada a través de sus redes sociales, donde el exmandatario compartió un mensaje directo: “¡Gravísimo! Existe una lista interna del personal policial de Migración con más de 100 personas a las que, sin orden judicial ni impedimento legal, se les pretende impedir arbitrariamente salir del país”.
Correa, quien reside en Bélgica desde que dejó el poder en 2017 y enfrenta varias causas judiciales en Ecuador —incluyendo una sentencia por el caso Sobornos 2012-2016—, señaló que esta medida representa un nuevo intento de persecución política y una vulneración directa de los derechos constitucionales de libre movilidad.
🔍 ¿Una nueva forma de “lista negra”?
Según lo expresado por el expresidente, no se trataría de impedimentos de salida oficiales ni dictámenes judiciales, sino de una lista de “alertas” no formalizadas que estaría en manos de ciertos agentes de migración en los aeropuertos internacionales, posiblemente bajo instrucciones internas o “extraoficiales”.
Correa asegura que esta práctica representa un grave retroceso institucional y una violación directa del debido proceso. “Esto ya no es solo contra mí, es contra decenas de personas. No puede ser que, por decisión discrecional de la Policía o del Gobierno, alguien quede atrapado en el país sin explicación ni causa judicial”.
La denuncia ha generado reacciones mixtas. Mientras algunos usuarios y analistas políticos afines al correísmo la interpretan como una prueba de un “Estado policial”, sectores oficialistas o críticos al exmandatario sostienen que podría tratarse de un intento más de victimización ante procesos legales legítimos.
⚖️ Contexto legal y constitucional
La Constitución del Ecuador, en su artículo 66 numeral 14, garantiza a toda persona el derecho a transitar libremente por el territorio nacional y salir del país sin autorización previa, salvo en los casos contemplados por ley: procesos judiciales vigentes, medidas cautelares, sentencias ejecutoriadas o impedimentos por deudas alimenticias.
Si la denuncia de Correa fuese comprobada, implicaría una violación directa de esos derechos, lo cual podría derivar en acciones legales ante organismos nacionales e internacionales. La Defensoría del Pueblo aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el tema.
🔎 ¿Quiénes estarían en la lista?
Hasta el momento no se ha revelado quiénes conformarían esa supuesta lista de más de 100 ciudadanos. Sin embargo, según fuentes cercanas al exmandatario, podrían incluirse exfuncionarios de su gobierno, activistas políticos, empresarios y otros personajes vinculados con procesos judiciales abiertos o incluso solo con afinidad ideológica.
Esto revive temores sobre el uso discrecional del poder en los controles migratorios, y plantea preguntas sobre los límites entre la seguridad nacional y el respeto a los derechos ciudadanos.
🧠 Análisis político
La denuncia de Correa no ocurre en el vacío. Llega apenas dos días después de que Daniel Noboa fuera reelegido como presidente del Ecuador, consolidando una línea política opuesta al correísmo. También coincide con otros procesos judiciales en curso donde exfuncionarios del gobierno de Correa enfrentan nuevos cargos, especialmente por contratos adjudicados durante la pandemia.
Para muchos, esta denuncia es también una jugada política para reposicionar el relato del “lawfare” (persecución judicial con fines políticos), una narrativa constante en el discurso de Correa desde 2018.
Sea una advertencia legítima o un movimiento estratégico, lo cierto es que el país vuelve a enfrentarse a una tensión institucional donde los derechos individuales y las pugnas políticas se entrecruzan en medio de una ya polarizada opinión pública.
