El escenario político en Loja se encuentra en un punto crítico tras el anuncio del concejal Santiago Erráez, quien ha iniciado formalmente un proceso de remoción contra el alcalde de Loja, argumentando el presunto incumplimiento de resoluciones municipales. Esta medida, contemplada en la legislación ecuatoriana, pone en el centro del debate la estabilidad administrativa del cabildo y la gobernabilidad de la ciudad.
Fundamentos de la remoción
El proceso de remoción es un mecanismo contemplado en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS) y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). De acuerdo con Erráez, la solicitud se basa en el incumplimiento reiterado de resoluciones municipales que, según su criterio, han afectado la ejecución de proyectos y la administración de la ciudad.
Si bien no se han detallado públicamente todas las resoluciones presuntamente incumplidas, fuentes cercanas al concejal aseguran que algunas de ellas están relacionadas con:
- Manejo de recursos municipales y presuntas irregularidades en la ejecución presupuestaria.
- Falta de cumplimiento en la planificación urbana y de obras públicas, lo que ha generado retrasos en infraestructura clave.
- Desacato a decisiones del Concejo Municipal, lo que, según Erráez, atenta contra el principio de cogobernanza y participación democrática.
El proceso legal: ¿qué sigue?
El proceso de remoción sigue una serie de pasos legales que garantizan el derecho a la defensa del alcalde y la transparencia del procedimiento:
- Presentación formal de la solicitud de remoción ante el Concejo Municipal, detallando las causales y fundamentaciones legales.
- Análisis y verificación de los documentos de respaldo, con el objetivo de determinar si existen méritos suficientes para continuar con el trámite.
- Convocatoria a sesión del Concejo Municipal, donde se debatirá el tema y se permitirá la exposición de pruebas tanto de la parte acusadora como del alcalde.
- Votación del Concejo Municipal: Para que la remoción sea efectiva, se requiere el voto afirmativo de las dos terceras partes de los concejales en ejercicio.
- Notificación al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en caso de apelaciones o procedimientos legales adicionales.
Reacciones y consecuencias políticas
El anuncio de la remoción ha generado un intenso debate en la esfera política y en la ciudadanía lojana. Mientras algunos sectores respaldan la medida como un acto de fiscalización y control político, otros consideran que se trata de una acción con motivaciones políticas y electorales.
Posturas a favor de la remoción
🔹 Concejales y actores políticos opositores han expresado su apoyo al proceso, argumentando que la gestión del alcalde ha sido deficiente en varios aspectos administrativos.
🔹 Líderes barriales y ciudadanos han manifestado su descontento con la actual administración, exigiendo mayor transparencia y ejecución de proyectos.
Posturas en contra de la remoción
🔹 El alcalde y su equipo de trabajo han calificado la acción como un intento de desestabilización política que busca afectar la gobernabilidad de Loja.
🔹 Sectores empresariales y comerciales advierten que una crisis política podría impactar negativamente en la inversión y el desarrollo de la ciudad.
¿Qué implicaciones tiene este proceso para Loja?
Independientemente del desenlace, este hecho marca un precedente en la política municipal de Loja. La remoción de un alcalde en funciones no solo genera incertidumbre en la administración pública, sino que también podría afectar la ejecución de proyectos y la estabilidad institucional.
A medida que avanza el proceso, la ciudadanía estará atenta a las decisiones del Concejo Municipal y a las posibles repercusiones en el gobierno local.
