La Prefectura de Pichincha lanzó una contundente alerta sobre una crisis financiera que pone en jaque la operatividad de la institución. Según el comunicado oficial emitido esta semana, una deuda acumulada por parte del Gobierno Nacional, que supera los 31,7 millones de dólares, ha generado un severo desequilibrio económico que imposibilita cumplir con las obligaciones salariales y pagos esenciales en el mes en curso.
El prefecto de Pichincha explicó que, debido a esta deuda histórica, durante el presente mes no se podrá realizar el pago de sueldos a médicos, obreros y servidores públicos adscritos a la Prefectura. Además, se verán afectados los pagos a proveedores que suministran insumos y servicios vitales para el funcionamiento de diversas áreas, desde salud hasta mantenimiento de infraestructura.
Este impago no solo afecta directamente a los trabajadores que dependen de sus remuneraciones para subsistir, sino que también amenaza con frenar proyectos y servicios públicos que impactan a la ciudadanía en general. Médicos que atienden en unidades de salud, obreros encargados de obras públicas y personal administrativo podrían ver comprometidas sus funciones, generando una paralización parcial de la gestión pública en Pichincha.
El llamado de la Prefectura es una señal de alerta hacia el Gobierno Nacional, instando a la pronta regularización de la deuda para evitar consecuencias sociales y administrativas de gran escala. La situación también abre un debate sobre la distribución y manejo de recursos entre niveles de gobierno, la transparencia en la administración financiera y la urgencia de mecanismos efectivos que garanticen la sostenibilidad económica de las prefecturas.
En un contexto donde las necesidades sociales y de infraestructura son crecientes, esta crisis revela la fragilidad financiera de las administraciones regionales frente a retrasos y compromisos no cumplidos por parte del Estado central. La expectativa está puesta en la respuesta gubernamental y en el diálogo interinstitucional para encontrar soluciones inmediatas que eviten un colapso en los servicios públicos y la incertidumbre laboral de miles de servidores.
