El 9 de diciembre de 2024, un decreto ley emitido por el presidente Daniel Noboa, conocido como la «Ley Antipillos», ha generado un profundo debate en el ámbito político y jurídico del Ecuador. Esta normativa, que busca combatir el lavado de activos mediante la implementación de nuevas medidas tributarias, ha sido catalogada por la Asamblea Nacional como un acto que vulnera el sistema democrático del país.
Según el comunicado oficial de la Asamblea, el decreto promulgado contraviene lo estipulado en el artículo 140 de la Constitución, que establece procedimientos específicos para proyectos calificados como urgentes en materia económica. El proyecto de ley había sido rechazado y archivado por el Pleno del Legislativo en cumplimiento con las normativas legales vigentes.
La Ley Antipillos y su impacto
El decreto contempla, entre otras medidas, la implementación de un impuesto sobre la venta de vehículos usados. Este punto ha sido uno de los aspectos más criticados por los legisladores, quienes argumentan que esta medida afecta directamente a la economía de las familias ecuatorianas. El Legislativo también señala que el Ejecutivo no cumplió con los mecanismos constitucionales para resolver posibles discrepancias, como llevar el caso a la Corte Constitucional para su aclaración.
La Asamblea subraya que desde 2014 se han archivado 52 proyectos de ley ordinarios en primer debate, un procedimiento que consideran legal y legítimo. Por ello, han solicitado al Registro Oficial que se abstenga de publicar esta normativa, que, de acuerdo con ellos, no tiene sustento constitucional.
Un conflicto sin precedentes en la democracia ecuatoriana
La promulgación de este decreto ha sido descrita por la Asamblea como un «apagón jurídico en Carondelet». La relación entre las funciones Legislativa y Ejecutiva ha alcanzado un punto crítico, con la Asamblea demandando respeto a las decisiones tomadas en el Pleno y acusando al Gobierno de actuar fuera del marco constitucional.
El Ejecutivo, por su parte, defiende que la Ley Antipillos busca fortalecer la recaudación tributaria y combatir prácticas ilícitas como el lavado de activos, argumentando que la economía del país requiere medidas urgentes para su estabilización. Sin embargo, esta postura ha sido recibida con escepticismo y rechazo por parte de varios sectores, quienes consideran que las medidas adoptadas no fueron socializadas adecuadamente y afectan a los ciudadanos más vulnerables.
Consecuencias para el sistema democrático y el orden constitucional
El conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo pone en evidencia tensiones profundas en el sistema democrático del Ecuador. La Asamblea Nacional ha reafirmado su compromiso de proteger los intereses económicos de los ecuatorianos y ha exigido respeto a la Constitución. Sin embargo, queda por verse cómo se resolverá esta disputa, que podría escalar hasta instancias judiciales superiores, como la Corte Constitucional.
Este episodio marca un punto crítico en la relación entre las instituciones del país y plantea interrogantes sobre el futuro del sistema democrático y el balance de poderes en el Ecuador.
