Polémica nacional: Rafael Correa denuncia encubrimiento de la Fiscalía en caso de venta de material policial a Bolivia
Una nueva tormenta política y judicial sacude al país. El expresidente Rafael Correa Delgado arremetió con dureza contra la Fiscalía General del Estado (FGE) tras conocerse que la institución decidió archivar la denuncia por la venta de material policial a Bolivia, un caso que involucraba directamente al exmandatario Lenín Moreno Garcés y a la exministra de Gobierno, María Paula Romo.
La decisión judicial, emitida en una resolución que se filtró ayer por la tarde, fue calificada por Correa como “una muestra más de la protección que gozan ciertos actores políticos por parte de la justicia”. En su pronunciamiento, difundido en redes sociales, el expresidente no escatimó en calificativos:
“La corrupta Fiscalía sigue protegiendo a Lenín Moreno y María Paula Romo. Ahora archiva la denuncia por vender material policial a Bolivia. Mientras a otros se los condena a 13 años por construir obras para Manabí, a estos delincuentes se los protege por todos los medios”.
📜 El caso archivado: una denuncia de alto voltaje político
La denuncia se remonta a 2020, cuando distintos sectores acusaron al gobierno de Moreno de autorizar la venta de armamento y material antimotines a Bolivia en el marco de las protestas que siguieron a la renuncia de Evo Morales. El envío de ese material –incluido gas lacrimógeno, proyectiles de goma y granadas de dispersión– generó un fuerte debate sobre el rol de Ecuador en una coyuntura de convulsión social en la región.
Con el archivo de la denuncia, la Fiscalía considera que no existen elementos suficientes para continuar la investigación, argumentando “falta de pruebas concluyentes sobre la participación directa de las autoridades señaladas”.
⚖️ Críticas por doble rasero judicial
Las palabras de Correa vuelven a encender la discusión sobre la selectividad de la justicia ecuatoriana. El expresidente comparó el archivo con otros procesos judiciales que han terminado con condenas de larga duración, como los casos de corrupción vinculados a exfuncionarios de su administración:
“Mientras a otros se los condena a 13 años por construir obras para Manabí, a estos delincuentes se los protege por todos los medios”.
El mensaje apunta a una percepción de justicia desigual: severa con ciertos actores, indulgente con otros, según sus vínculos políticos. Analistas advierten que estas declaraciones reavivan la narrativa de “persecución política” que ha marcado la discusión en el país en los últimos años.
🔍 ¿Qué implica el archivo?
Legalmente, la decisión de la Fiscalía cierra el expediente salvo que aparezcan nuevos elementos de prueba. Sin embargo, el archivo no borra el impacto político ni el reclamo social. Colectivos de derechos humanos y organizaciones sociales han recordado que el material policial enviado a Bolivia fue utilizado en un momento de represión de protestas, lo que abre debates sobre responsabilidades morales y políticas, incluso si no prosperan en el ámbito penal.
🌐 Reacciones en la esfera pública
Las declaraciones de Correa generaron un efecto inmediato:
- Dirigentes del correísmo y de la Revolución Ciudadana replicaron sus críticas, asegurando que la justicia está “capturada”.
- Sectores afines a Moreno y Romo celebraron la decisión y la interpretaron como “una ratificación de que no existió delito”.
- En redes sociales, la noticia se volvió tendencia, dividiendo opiniones entre quienes ven en el archivo una maniobra de impunidad y quienes consideran que la causa nunca tuvo sustento.
🏛️ Un precedente con eco regional
El archivo de este caso tiene resonancia más allá de Ecuador. Gobiernos y medios de Bolivia siguieron de cerca la investigación, ya que el material enviado fue documentado en informes de derechos humanos sobre la represión en 2019. Con esta decisión, Ecuador cierra judicialmente una de las aristas más incómodas de su política exterior reciente.
