La reciente declaración del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha generado una ola de reacciones a nivel regional y pone nuevamente en el foco mediático internacional la situación judicial y política del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, actualmente privado de libertad.
Durante una intervención pública, el mandatario colombiano expresó con contundencia que “Ecuador necesita diálogo nacional, Colombia también, Venezuela también, el diálogo nacional es la base fundamental de la paz y la democracia”, agregando luego: “Creo que Glas es un preso político”. Estas palabras, cargadas de peso político, se suman a una creciente narrativa que cuestiona la imparcialidad de ciertos procesos judiciales en la región y el uso del aparato judicial como herramienta de persecución política.
La región y su deuda con el diálogo
Petro no mencionó al Ecuador por azar. La región atraviesa momentos de profunda tensión política, donde los mecanismos de consenso y reconciliación parecen estancados. En Ecuador, la figura de Glas ha sido símbolo de polarización: para unos, es la representación de la corrupción de la “década ganada”; para otros, un perseguido político víctima del lawfare —un fenómeno donde se utiliza el sistema judicial como instrumento para inhabilitar o neutralizar a adversarios políticos.
En Colombia, el llamado de Petro al diálogo tiene sus propios ecos. Su gobierno ha buscado desarmar las tensiones internas a través de negociaciones con grupos armados y una apuesta decidida por la “paz total”. En Venezuela, la situación es aún más compleja, con una oposición fracturada y un gobierno que, aunque ha cedido a presiones internacionales, mantiene a varios dirigentes opositores inhabilitados o en prisión.
Por ello, Petro busca trazar un paralelismo entre las tres naciones andinas, llamando a un “diálogo nacional como la base de la paz y la democracia”. La frase va más allá de un formalismo diplomático: plantea una necesidad urgente de recomponer los tejidos sociales, políticos y judiciales mediante el reconocimiento del otro como interlocutor válido, algo que ha sido cada vez más escaso en los últimos años.
La figura de Jorge Glas y el debate sobre su situación legal
Jorge Glas fue vicepresidente durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno. Condenado por los casos Odebrecht y Sobornos, su encarcelamiento ha sido señalado por sectores afines al correísmo como una maniobra política. En 2024, su liberación temporal tras una medida cautelar dictada por un juez de Santo Domingo y su posterior reaprehensión en la embajada de México en Quito desató una crisis diplomática sin precedentes entre ambos países.
La afirmación de Petro, al calificarlo como “preso político”, no es menor: se trata del primer presidente sudamericano en ejercicio que adopta públicamente esta postura. Si bien líderes como Andrés Manuel López Obrador (México) han denunciado la detención de Glas, Petro representa una voz directa de la región andina.
Para analistas, estas declaraciones marcan un quiebre en la neutralidad diplomática tradicional y colocan a Ecuador bajo una lupa internacional, cuestionando la solidez de su sistema judicial y su respeto al debido proceso.
¿Reacciones oficiales en Ecuador? Silencio o cautela
Hasta el momento, las autoridades ecuatorianas no han emitido una respuesta formal. Sin embargo, figuras políticas de diferentes sectores ya se han pronunciado. Desde el correísmo, las palabras de Petro han sido acogidas como una reivindicación internacional de su narrativa. En contraste, voces desde sectores oficialistas o anticorreístas califican la intervención de Petro como una intromisión en asuntos internos del Ecuador.
Lo cierto es que esta declaración se produce en un momento delicado, donde el gobierno de Ecuador busca recuperar estabilidad interna tras protestas sociales, conflictos con poderes del Estado y una creciente tensión con países vecinos.
¿Un nuevo eje de integración progresista en Sudamérica?
Las palabras de Petro podrían no ser aisladas. Algunos analistas interpretan este pronunciamiento como parte de un reagrupamiento ideológico en la región, donde mandatarios como Petro, Lula da Silva, Gabriel Boric y Gustavo Petro promueven una agenda más progresista, crítica del intervencionismo judicial y más cercana a modelos de inclusión social.
La situación de Jorge Glas, por tanto, se convierte no solo en una cuestión nacional, sino en un símbolo de las disputas ideológicas y democráticas en América Latina. Y el llamado al “diálogo nacional” deja sobre la mesa una verdad incómoda: las democracias de la región están frágiles, y sin consenso, la paz será una promesa incumplida.
