La industria atunera ecuatoriana, una de las más robustas y estratégicas del país, entra en zona de turbulencia. La reciente decisión del Gobierno Nacional de eliminar el subsidio al diésel para el sector pesquero ha encendido las alarmas entre los principales gremios del país. La Cámara Nacional de Pesquería (CNP) y la Asociación de Atuneros del Ecuador (ATUNEC) han reaccionado con preocupación y firmeza, advirtiendo que la medida podría desatar una cadena de impactos negativos para la economía nacional, el empleo y la seguridad alimentaria.
Una industria estratégica bajo amenaza
Ecuador no es solo uno de los mayores exportadores de atún del mundo; es también un referente en prácticas sostenibles y en la provisión de proteína para el mercado nacional e internacional. En 2024, el sector generó más de 2.257 millones de dólares en exportaciones, consolidándose como uno de los pilares no petroleros del país.
Además, sostiene más de 100.000 empleos directos e indirectos, entre tripulaciones, operarios de plantas procesadoras, trabajadores portuarios, distribuidores y otros actores dentro de la cadena de valor. La eliminación del subsidio, que representa un aumento directo y brusco en los costos operativos, podría desestabilizar ese delicado equilibrio.
¿Qué significa eliminar el subsidio?
El diésel es el combustible que impulsa a las flotas atuneras. Aunque el sector solo consume el 2,8% del total nacional, el subsidio ha permitido amortiguar el impacto de los altos costos internacionales del crudo, las condiciones del mercado global y las exigencias regulatorias de destinos clave como la Unión Europea.
Para las embarcaciones, cualquier incremento en el precio del combustible repercute directamente en sus operaciones: menor capacidad de faena, rutas más cortas, menor rentabilidad y, en consecuencia, menor empleo. Sin el subsidio, los armadores se verían obligados a reducir operaciones o incluso a salir del mercado.
Un golpe que se suma a otros desafíos
El gremio atunero ya enfrenta varios obstáculos. La economía dolarizada del país limita los márgenes de maniobra en costos de producción frente a competidores de países con monedas más flexibles. A esto se suma la volatilidad del mercado global, los crecientes estándares ambientales y de trazabilidad, y la presión fiscal local.
Según los representantes de ATUNEC y la CNP, el subsidio no es un privilegio, sino una herramienta técnica y estratégica para sostener la competitividad internacional de un sector clave que opera en condiciones exigentes y contribuye significativamente a la balanza comercial del país.
Las propuestas del gremio
Frente al anuncio del Gobierno, el sector no solo ha reaccionado con preocupación, sino que ha planteado alternativas. En un documento dirigido a las autoridades económicas, los gremios proponen cinco medidas para mitigar el impacto de la eliminación del subsidio:
- Permitir la libre importación de diésel, lo que permitiría competir en precios con mercados internacionales y romper el monopolio interno.
- Eliminación de impuestos al sector, como el ICE, el IVA y otros tributos que encarecen innecesariamente los insumos productivos.
- Reducción gradual del subsidio, permitiendo a las empresas ajustar sus modelos operativos sin generar un choque abrupto.
- Incentivos a la eficiencia energética, para promover tecnologías menos dependientes del diésel.
- Diálogo técnico permanente, entre sector y Estado, para establecer políticas públicas alineadas con la realidad del mercado global.
¿Qué está en juego?
Más allá del subsidio, lo que está en juego es el futuro de una industria que no solo genera divisas, sino que proyecta al país como un líder en exportaciones responsables. La cadena de valor del atún involucra a miles de familias, muchas de ellas en zonas costeras con escasas alternativas laborales. Desmantelar ese entramado productivo por una decisión sin planificación puede tener consecuencias económicas, sociales y políticas.
Un llamado al diálogo
El sector atunero no ha cerrado la puerta al diálogo. Por el contrario, ha insistido en que la sostenibilidad fiscal del país debe ir de la mano con una visión estratégica que proteja a los sectores que generan empleo formal y crecimiento exportador. Las decisiones unilaterales, aseguran, podrían ahogar a una industria que durante décadas ha sido un aliado del desarrollo nacional.
