En una jornada marcada por tensiones políticas y expectativas ciudadanas, el Concejo Cantonal de Loja instaló una sesión extraordinaria de Cabildo para conformar oficialmente la Comisión de Mesa, que tendrá a su cargo el tratamiento de un nuevo pedido de remoción contra el alcalde Franco Quezada Armijos.
La sesión se desarrolló la mañana de este miércoles 28 de mayo, en medio de un ambiente institucional cargado de cuestionamientos hacia la administración municipal. Este es el segundo proceso formal de remoción que se impulsa contra Quezada en menos de un año de gestión, una situación que refleja el creciente clima de división política dentro del municipio y el malestar de ciertos sectores ciudadanos.
La Comisión de Mesa, como establece el artículo 336 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), es el organismo encargado de calificar la procedencia de las solicitudes de remoción presentadas por la ciudadanía o los concejales. En esta ocasión, la comisión quedó integrada por:
- Pablo Carrión – Presidente
- Miguel Castillo – Vocal
- Lenin Cuenca – Vocal
Esta terna tendrá la responsabilidad de analizar si el pedido cumple con los requisitos legales y constitucionales necesarios para ser tramitado. En caso de ser admitido, el proceso entrará a una fase de sustanciación, en la que se evaluarán los argumentos, pruebas y descargos tanto del proponente como del alcalde.
¿Qué se sabe del nuevo pedido de remoción?
Aunque aún no se ha difundido de manera oficial el texto completo del nuevo pedido, fuentes cercanas al Concejo señalan que el mismo se fundamentaría en presuntos incumplimientos de funciones, mala administración de recursos públicos y conflictos en la ejecución de obras municipales. Estos argumentos habrían sido recogidos por actores sociales que consideran que la actual administración ha mostrado falta de capacidad de gestión y transparencia.
En el pasado, el primer intento de remoción no prosperó, tras ser desestimado por la Comisión de Mesa por falta de sustento legal. Sin embargo, este segundo intento podría marcar un punto de inflexión en la administración de Quezada, quien ha tenido que enfrentar múltiples críticas, especialmente en temas relacionados con el servicio de agua potable, obras inconclusas y contrataciones directas.
Tensiones políticas y consecuencias institucionales
Este nuevo proceso de remoción llega en un contexto tenso para el Cabildo lojano, donde las diferencias entre el alcalde y varios concejales han sido evidentes en sesiones anteriores. Las fricciones políticas han dificultado la aprobación de ordenanzas clave y han generado una percepción de inestabilidad que preocupa a la ciudadanía.
Franco Quezada, por su parte, ha reiterado en varias ocasiones que su gestión está enfocada en “resolver problemas históricos de Loja”, como el sistema de agua potable, el mantenimiento vial y el ordenamiento territorial. No obstante, para sus críticos, esas promesas no han pasado del discurso.
El eventual avance del proceso podría generar consecuencias políticas importantes, no solo para la administración municipal, sino para la imagen del Concejo en su conjunto. Sectores ciudadanos exigen responsabilidad y transparencia en la tramitación del caso, mientras otros critican el uso recurrente de herramientas como la remoción como una forma de presión política, más que como un mecanismo de rendición de cuentas.
¿Qué sigue ahora?
Tras la conformación de la Comisión de Mesa, esta tiene un plazo legal para analizar la solicitud y emitir su resolución sobre su admisión o no. De ser admitida, se convocará a una sesión del Concejo para tratar el tema, lo que podría desembocar en una votación que requeriría una mayoría calificada para destituir al alcalde.
Mientras tanto, el escenario político en Loja se mantiene en estado de alerta, con ciudadanos expectantes sobre el futuro inmediato de la Alcaldía. El caso no solo pone a prueba la solidez institucional del Cabildo, sino también la capacidad de diálogo y madurez política en un momento clave para el desarrollo de la ciudad.
