La Ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, confirmó avances sustanciales en la ejecución del plan de recuperación energética del país, destacando la recuperación de 84 megavatios (MW) en el primer trimestre del año, gracias a intervenciones en hidroeléctricas y centrales térmicas que se encontraban desatendidas desde hace años.
Durante una comparecencia ante medios especializados en el sector energético, la titular de la cartera de Estado señaló que “ya llevamos 84 megavatios recuperados”, superando la meta inicial para los primeros tres meses del año. Este logro se ha conseguido mediante un proceso de rehabilitación técnica y operativa de plantas generadoras que, en palabras de la ministra, “habían estado abandonadas por muchísimo tiempo”.
La estrategia de recuperación forma parte de un plan integral de estabilización energética diseñado para afrontar la crisis de abastecimiento que ha afectado al país durante los últimos años, y que se agudizó en 2023 y 2024 con prolongados apagones y racionamientos. La falta de mantenimiento e inversión, sumada a una administración deficiente de las empresas públicas del sector, ha sido señalada como causa estructural del colapso parcial de la infraestructura eléctrica nacional.
Reactivación de infraestructura y nuevas compras
Manzano enfatizó que los esfuerzos del primer trimestre se extenderán en los próximos meses, previendo que el segundo y tercer trimestre del año sumen aún más megavatios a la capacidad operativa del sistema. Paralelamente, el Ministerio trabaja en procesos de contratación para alquiler de nueva generación temporal, así como en adquisiciones a mediano y largo plazo.
“Estamos viendo las nuevas muestras de interés que son para alquiler, y las compras que han salido, que son cuatro compras que vamos a hacer entre 2025 y 2026”, explicó. Estas licitaciones se enmarcan en una política de diversificación energética, que incluye tanto la incorporación de soluciones térmicas provisionales como la evaluación de fuentes renovables y sistemas híbridos.
Las compras mencionadas por la ministra incluyen tanto equipamiento nuevo como contratos de operación para reforzar la capacidad instalada, en particular en zonas críticas con alta demanda y vulnerabilidad.
Reestructuración del sistema energético público
Uno de los principales problemas que enfrenta la actual administración es el estado crítico en que se encuentran las empresas públicas del sector eléctrico, especialmente las encargadas de generación y transmisión. La ministra no escatimó en señalar que se trata de entidades “que no han tenido la intervención nunca, ni el interés”, a pesar de ser actores clave dentro de los sectores estratégicos del Estado.
En este contexto, el Ministerio de Energía y Minas impulsa una revisión profunda de la gobernanza energética, lo cual incluye cambios en la gestión institucional, auditorías técnicas, actualización de planes maestros y creación de nuevas unidades de control y monitoreo. Asimismo, se trabaja en coordinación con la Contraloría General del Estado y organismos multilaterales para garantizar transparencia en los procesos de contratación y recuperación.
Perspectivas y desafíos
El plan de recuperación energética es una de las prioridades del Gobierno Nacional, no solo por su impacto inmediato en la calidad de vida de los ciudadanos y en la reactivación productiva, sino también por su rol en la estabilidad política y social del país. Las medidas que se implementen en este 2025 serán clave para evitar un nuevo colapso en el suministro, especialmente en épocas de estiaje, cuando la generación hidroeléctrica sufre una reducción natural.
Con el anuncio de la recuperación de 84 MW y la proyección de nuevas adquisiciones para los próximos trimestres, el Ministerio de Energía y Minas muestra un rumbo claro hacia la restauración del sistema energético nacional. No obstante, analistas advierten que sin una reforma estructural de las empresas eléctricas estatales y una planificación sostenida de largo plazo, estos esfuerzos podrían quedar nuevamente vulnerables a la inestabilidad técnica, política y financiera.
La ciudadanía, por su parte, espera que estas medidas se traduzcan en un servicio continuo, eficiente y justo, que ponga fin a la época de cortes intempestivos, altos costos y falta de previsión.
