El Ministerio del Trabajo emitió disculpas públicas este 26 de diciembre de 2024, cumpliendo con una resolución judicial emitida por la jueza Nubia Vera Cedeño, de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Distrito Metropolitano de Quito. La decisión fue adoptada en el marco de la acción de protección No. 17203-2024-05426, presentada por la vicepresidenta de la República, Verónica Abad.
La resolución de la jueza Nubia Vera establece que Abad tiene derecho a ser considerada funcionaria pública bajo el ámbito de la Ley Orgánica de Servicio Exterior (LOSE), en lugar de ser clasificada como servidora pública bajo el régimen de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), como se había determinado previamente. Este fallo corrige la decisión tomada en la acción de protección No. 17282-2024-01862, dictada por otra instancia judicial que había avalado la competencia del Ministerio del Trabajo para continuar con un sumario administrativo en contra de Abad.
Detalles del proceso judicial y la orden de disculpas públicas
La acción de protección presentada por Verónica Abad buscaba corregir lo que la vicepresidenta consideraba una vulneración a sus derechos como funcionaria pública. En su fallo, la jueza Vera determinó que las medidas adoptadas por el Ministerio del Trabajo no estaban alineadas con la Constitución y la Ley Orgánica de Servicio Exterior. Por lo tanto, ordenó al Ministerio del Trabajo rectificar su posición y ofrecer disculpas públicas.
El comunicado emitido por el Ministerio del Trabajo detalla que la decisión judicial fue adoptada en virtud del artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador, que regula los regímenes aplicables a los servidores públicos. Además, ordenó que se continúe con el proceso administrativo correspondiente, ajustándose a las disposiciones legales vigentes.
Repercusiones políticas y sociales
Este caso ha generado amplio debate en el ámbito político y legal, especialmente por el involucramiento de altas autoridades del país. Verónica Abad, quien ha estado en el centro de varias controversias, considera este fallo un paso hacia la reivindicación de sus derechos y un llamado a la correcta aplicación de la ley. Por su parte, el Ministerio del Trabajo reiteró su respeto a las decisiones judiciales, aunque no emitió comentarios adicionales sobre el caso.
La resolución pone de manifiesto la importancia del debido proceso y de la independencia judicial en Ecuador, marcando un precedente significativo en la relación entre los funcionarios públicos y las instituciones del Estado.
