En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el Ministerio de Gobierno de Ecuador ha tomado medidas contundentes contra Walter Hipólito Solís Valarezo, exministro de Obras Públicas, al solicitar oficialmente a la Cancillería la gestión para la cancelación de su estatus de refugiado en México. Esta acción refuerza el compromiso del gobierno ecuatoriano en la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas de quienes han afectado los intereses del Estado.
Antecedentes judiciales de Walter Solís
Walter Solís enfrenta múltiples procesos legales en Ecuador. Entre ellos, una sentencia de ocho años de prisión por cohecho en el caso «Sobornos», una condena de igual magnitud por peculado en el caso «SENAGUA», y una orden de prisión preventiva por malversación de fondos en el caso «Reconstrucción de Manabí».
La justicia ecuatoriana, a través de la INTERPOL, ya ha emitido una notificación roja para la captura de Solís. Según el Ministerio de Gobierno, los delitos cometidos por el exministro ocurrieron antes de que este obtuviera el estatus de refugiado, lo que invalida su solicitud bajo las normativas internacionales que regulan la concesión de este tipo de protección.
Fundamentos legales y diplomáticos de la solicitud
El Ministerio argumenta que el estatus de refugiado no puede ser utilizado como herramienta para evadir la justicia. De acuerdo con la normativa internacional, incluida la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, este estatus no se aplica a individuos que hayan cometido delitos graves antes de solicitar refugio.
Además, el Gobierno ecuatoriano destaca que la justicia debe prevalecer y que Solís debe rendir cuentas tanto a la ciudadanía como a la comunidad internacional. La solicitud de cancelación presentada a México busca garantizar que no exista impunidad para actos de corrupción que afectan directamente al pueblo ecuatoriano.
Compromiso con la lucha anticorrupción
Esta acción se alinea con el compromiso declarado del gobierno del Ecuador para combatir la corrupción en todas sus formas y proteger los intereses del Estado. En el comunicado oficial, el Ministerio recalca que el combate a la corrupción es un deber constitucional que no será ignorado, independientemente de los desafíos legales y diplomáticos que puedan surgir.
Con estas medidas, el Ecuador reitera su posición firme frente a la corrupción, enviando un mensaje claro sobre la importancia de la transparencia y la justicia.
