Mario Godoy Naranjo, presidente del Consejo de la Judicatura del Ecuador, emitió un comunicado oficial este jueves 26 de diciembre de 2024, para explicar los motivos detrás de su ausencia a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional. Su inasistencia ha generado reacciones en el ámbito político y judicial, dado que la comparecencia estaba relacionada con denuncias presentadas por la jueza Nubia Vera, de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quito.
Godoy explicó que su decisión de no asistir se fundamenta en consideraciones legales, debido a que fue notificado del inicio de una investigación previa en su calidad de presidente del Consejo de la Judicatura. Esta investigación surge de las denuncias formuladas por la jueza Vera. Según el comunicado, el procedimiento legal se encuentra en etapa inicial, lo cual lo imposibilita para intervenir en otras instancias, como la Asamblea Nacional, sin poner en riesgo el curso de las investigaciones.
Acciones legales emprendidas
El titular del Consejo de la Judicatura también señaló que ha tomado medidas legales para contrarrestar las acusaciones que considera infundadas. Ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y presentado una querella ante la Unidad Judicial Penal. Ambas acciones, según explicó, tienen como objetivo proteger su honra y garantizar el correcto desempeño de sus funciones.
Reserva de la investigación y normativa vigente
Godoy subrayó que, de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), los procesos en curso por parte de la Fiscalía están sujetos a reserva de información. En consecuencia, cualquier declaración pública o comparecencia ante la Asamblea Nacional podría vulnerar la normativa y entorpecer las investigaciones en marcha.
Compromiso con la transparencia y la independencia de funciones
En su comunicado, Mario Godoy reiteró su respeto por la independencia de las funciones del Estado y su compromiso con la legalidad y la transparencia. Declaró que continuará desempeñando sus labores con apego estricto al marco jurídico ecuatoriano.
La situación marca un momento crucial en la relación entre el Consejo de la Judicatura y la Asamblea Nacional, en un contexto donde el equilibrio de poderes y la transparencia son esenciales para la confianza en las instituciones.
