En un escenario nacional marcado por desafíos crecientes en materia de seguridad, la provincia de Loja intensifica su respuesta institucional mediante un esquema de planificación operativa articulada, que se ejecuta con rigurosidad todas las semanas. Este modelo, impulsado desde la Intendencia General de Policía, prioriza la prevención, la presencia estatal en el territorio y la protección activa de los derechos ciudadanos.
La estrategia, que forma parte del plan nacional de seguridad del Gobierno de El Nuevo Ecuador, no solo se limita a operativos, sino que establece una plataforma de trabajo interinstitucional robusta, basada en el análisis diario de la realidad delictiva y social en los cantones y parroquias de la provincia.
Una mesa técnica con objetivos claros y resultados medibles
Cada semana, bajo el liderazgo del intendente general de Policía, Magno Sarango, se reúne la denominada mesa técnica de seguridad, conformada por actores clave en el control, la gestión de riesgos y la respuesta inmediata. Desde este espacio se diseñan, coordinan y monitorean las acciones a implementarse en el territorio.
“Esta no es una mesa simbólica. Aquí se toman decisiones sobre el terreno, con base en datos, reportes ciudadanos, análisis de patrones delictivos y hechos recientes que exigen reacción inmediata”, expresó Sarango durante la última sesión, desarrollada en la Gobernación de Loja.
Entre los temas tratados figuran: reportes de violencia intrafamiliar, consumo problemático de drogas, denuncias sobre expendio de licor artesanal, presencia de bandas delictivas, seguridad vial y conflictos en zonas de frontera.
Instituciones alineadas por una causa común: la seguridad de Loja
Las instituciones convocadas a esta mesa operativa son: Policía Nacional, Fuerzas Armadas, ECU 911, Comisaría Nacional, Cuerpo de Bomberos, Secretaría de Gestión de Riesgos, Agentes Civiles de Tránsito, Intendencia, Gobernación, Jefaturas y Tenencias Políticas. Cada entidad cumple un rol estratégico que fortalece el círculo de vigilancia, atención y prevención.
Los operativos incluyen desde controles de identidad y revisión de antecedentes penales, hasta inspecciones en locales comerciales, bares, discotecas, terminales terrestres, mercados y centros de hospedaje. Todo esto enmarcado en los principios del respeto a los derechos humanos y la proporcionalidad del uso de la fuerza.
Un enfoque territorial que reconoce realidades locales
Una de las fortalezas del modelo lojano es que no aplica recetas generales, sino que ajusta sus acciones a las particularidades de cada cantón y parroquia. Por ejemplo:
- En Catamayo, los esfuerzos se centran en el control del transporte interprovincial informal y expendio de bebidas alcohólicas sin registro sanitario.
- En Saraguro, se refuerzan las acciones contra el abigeato y la violencia intrafamiliar.
- En Zapotillo y Macará, por su condición de zonas fronterizas, se prioriza la vigilancia de pasos irregulares, contrabando y movilidad de personas.
Además, las unidades educativas y barrios periféricos han sido incorporados a un plan de capacitaciones y campañas ciudadanas que promueven la cultura de paz, el respeto a la ley y la denuncia responsable.
Resultados que generan confianza y desafíos que persisten
En lo que va del mes de abril, los operativos han permitido decomisar decenas de litros de alcohol artesanal, la suspensión de al menos cinco establecimientos por incumplimientos legales, y la detención de ciudadanos con boletas de captura vigentes.
No obstante, las autoridades reconocen que el reto es permanente. El crimen organizado, el microtráfico y la violencia estructural requieren no solo de control policial, sino también de inversión social, empleo digno, educación y participación activa de la ciudadanía.
“No hay solución mágica. La seguridad se construye desde el compromiso de todos. Esta mesa no es solo policial: es política, social y comunitaria”, enfatizó Sarango, quien también anunció que los próximos operativos se enfocarán en zonas rurales de difícil acceso.
La ciudadanía: pilar fundamental del cambio
El Gobierno hace un llamado constante a la población para que colabore con información, participe en los comités de seguridad barrial y ejerza el control social sobre la gestión pública. La consigna es clara: una Loja más segura solo será posible si todos nos involucramos.
