La ciudad de Loja enfrenta una de las crisis de agua potable más persistentes y tensas de los últimos años. La paciencia de los ciudadanos parece haber llegado a su límite. Desde hace varios días, más de 30 barrios, principalmente ubicados en la parte suroccidental de la urbe, no disponen del servicio básico del agua, generando un clima de creciente malestar social, desconfianza institucional y organización ciudadana para la protesta.
En lugar de soluciones, lo que llega a diario son informes técnicos que anuncian nuevos daños en el sistema de conducción del líquido vital. La administración municipal, presidida por el alcalde Franco Quezada, ha emitido comunicados en los que explica que las intensas lluvias han afectado las captaciones principales como Carigán y Curitroje. Sin embargo, en los sectores más golpeados, las palabras ya no bastan: la falta del servicio básico ha provocado un estado de frustración generalizada que se transforma en indignación.
Una ciudadanía sin respuestas
Durante más de una semana, las familias han tenido que recurrir a métodos alternativos para abastecerse de agua: comprar botellones, cargar baldes desde otras zonas o esperar el paso de tanqueros, que no siempre logran cubrir la demanda. A esto se suma la imposibilidad de mantener condiciones mínimas de higiene, afectando a estudiantes, adultos mayores y población vulnerable.
Frente a esta realidad, varias organizaciones barriales ya se han comenzado a movilizar. Se habla de convocatorias a marchas y plantones frente al edificio del Municipio, como medida de presión para exigir una solución inmediata y definitiva. Las redes sociales reflejan el pulso social del momento: imágenes de grifos secos, tanques vacíos, reclamos directos al Alcalde y llamados a la acción ciudadana son parte de la narrativa digital que expone la magnitud del problema.
¿Qué impide la solución?
Sixto Eugenio Alvarado, presidente de las Juntas de Desarrollo Barrial, asegura que el malestar es generalizado y que el Municipio ya no tiene margen para seguir dilatando las acciones correctivas. Exhorta al alcalde Quezada a que actúe con responsabilidad y dé inicio de forma urgente al proceso de adquisición e instalación de una nueva red de tuberías, ya que —según el dirigente— la actual ha sobrepasado su vida útil y no soporta más reparaciones parciales.
De acuerdo con Alvarado, existe un presupuesto aprobado de 4 millones 900 mil dólares específicamente destinado para este fin, por lo que la falta de ejecución no puede justificarse con limitaciones económicas, sino con ausencia de voluntad política y de gestión eficiente.
Impacto y perspectivas
Más allá del enojo visible, lo que se pone en juego es el derecho humano al agua, reconocido por la Constitución del Ecuador y por convenios internacionales. La prolongación de esta crisis representa un riesgo sanitario, social y político. Y si bien las lluvias han provocado daños estructurales, la ciudadanía exige que haya previsión, planificación y acción: no solo parches técnicos o discursos informativos que ya nadie cree.
Loja es una ciudad que históricamente ha sido reconocida por su orden, cultura cívica y liderazgo regional. Sin embargo, en este momento, el clamor popular gira en torno a un pedido básico: agua para vivir. Si las autoridades no responden con prontitud, el conflicto podría escalar a niveles más profundos, donde el protagonismo lo tomen las calles, las asambleas barriales y la resistencia ciudadana.
