El 20 de diciembre de 2024, la Corte Constitucional del Ecuador tomó una decisión trascendental al admitir a trámite la acción de inconstitucionalidad contra la “Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos”, conocida públicamente como la Ley Antipillos. Esta medida responde a la demanda interpuesta por la presidenta de la Asamblea Nacional, lo que pone en pausa su aplicación mientras se analiza su constitucionalidad.
Contexto jurídico y político
La Ley Antipillos fue impulsada por el Gobierno como una herramienta clave en la lucha contra el crimen organizado y el narcoterrorismo. Según el Ministerio de Gobierno, esta normativa busca desarticular redes de financiamiento ilícito, un eje prioritario para garantizar la seguridad ciudadana. Sin embargo, la Asamblea Nacional cuestionó la legalidad de su aprobación, señalando vulneraciones al procedimiento legislativo y a la Constitución.
Pronunciamiento del Gobierno
El Ministerio de Gobierno emitió un comunicado oficial criticando la suspensión de la ley, catalogándola como una “peligrosa pausa” en la lucha contra el crimen organizado. El comunicado subraya que el proceso legislativo fue enmendado para ajustarse al marco constitucional, y anuncia que el Gobierno presentará ante la Corte Constitucional todos los argumentos necesarios para defender la legalidad y pertinencia de la normativa.
Además, se hace un llamado a la Corte para que considere el impacto de la Ley Antipillos en la seguridad nacional, destacando su importancia en el combate al narcoterrorismo y al lavado de activos.
Decisión de la Corte Constitucional
La Corte, en su comunicado, destacó que la demanda cumple con los requisitos legales y que, pese a no emitir un pronunciamiento de fondo, se identificaron elementos de gravedad e inminencia que justifican la medida cautelar de suspensión de la ley. La causa será remitida al pleno de la Corte, que determinará si se puede priorizar su sustanciación.
Opiniones y reacciones
La suspensión de la Ley Antipillos ha generado un intenso debate entre distintos sectores:
- Gobierno: Critica la decisión de la Corte, señalando que favorece indirectamente al crimen organizado.
- Asamblea Nacional: Defiende la acción de inconstitucionalidad como un ejercicio legítimo de control.
- Expertos legales: Algunos analistas consideran que el caso refleja la necesidad de mayor precisión en los procedimientos legislativos para evitar impugnaciones constitucionales.
Implicaciones futuras
La Corte Constitucional tiene la responsabilidad de garantizar el equilibrio entre la legalidad de las normativas y su impacto en la vida de los ciudadanos. La resolución de este caso sentará un precedente crucial en la relación entre las funciones del Estado y la lucha contra el crimen organizado.
