La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) se pronunció en términos enérgicos y contundentes este miércoles, tras la designación de Diana Salazar Méndez como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria del Ecuador ante el Gobierno de la República Argentina, decisión oficializada por el presidente Daniel Noboa Azin mediante el Decreto Ejecutivo No. 654.
A través de un comunicado difundido bajo el título “Una embajada: el precio de la impunidad”, el bloque legislativo de la RC —la mayor fuerza política representada en la Asamblea Nacional— denunció que este nombramiento confirma, a su juicio, una larga cadena de pactos entre la exfiscal y los distintos gobiernos con los que ha convivido en el poder.
Acusaciones de sometimiento político
En el documento, los legisladores de la Revolución Ciudadana sostienen que Diana Salazar “no actuó nunca con independencia”, acusándola de haber sido una “operadora de una maquinaria de odio al servicio del poder”, más que una fiscal general autónoma. Según el texto, su gestión habría estado marcada por una supuesta persecución política, fabricación de pruebas y manipulación del sistema judicial para afectar a líderes de la RC, especialmente a sus principales dirigentes, entre ellos el expresidente Rafael Correa, sentenciado en firme por el caso Sobornos 2012-2016.
El comunicado afirma que Salazar pactó con tres gobiernos consecutivos:
- Con Lenín Moreno, para acceder al cargo de fiscal a cambio de favores judiciales.
- Con Guillermo Lasso, para “acabar con nosotros en contubernio”, encubriendo supuestas irregularidades de su administración.
- Y con el actual presidente Daniel Noboa, archivando investigaciones que “incomodaban al poder” a cambio de la recompensa de un cargo diplomático.
Para la bancada opositora, la designación de Salazar como embajadora es la culminación de un supuesto “pacto de impunidad” que, según ellos, habría definido su paso por la Fiscalía General del Estado.
Reclamaciones por el debate parlamentario
En la misma línea, el comunicado también expresa el malestar del bloque por lo ocurrido horas antes en la Asamblea Nacional, durante la sesión en la que se aceptó formalmente la renuncia de Diana Salazar a su cargo como fiscal general. La RC sostiene que se les negó la palabra en el Pleno cuando pretendían intervenir para manifestar su postura crítica. Denuncian que la presidencia del Legislativo “se apresuró a cambiar el orden del día” y limitar el debate sobre su salida, lo que habría coincidido con el anuncio inminente de su nuevo nombramiento diplomático.
“Esa mujer merecía, por una vez, escuchar una dosis de verdad. Nos silenciaron porque la verdad incomoda”, reza el texto.
La crítica se extiende también a los discursos de homenaje realizados por otros bloques legislativos durante esa sesión, los cuales la RC calificó como “deplorables, aduladores y altivos”.
El contexto político de una reacción
Este pronunciamiento se produce en un contexto en el que la figura de Diana Salazar sigue generando un fuerte impacto en la esfera pública. Durante su gestión como fiscal general, iniciada en 2019, impulsó procesos judiciales de alto perfil, entre ellos el ya mencionado caso Sobornos, que derivó en la inhabilitación política del expresidente Correa y de varios miembros de su círculo cercano.
Para la RC, estos juicios no fueron más que mecanismos judiciales utilizados con fines políticos para impedir el retorno del correísmo al poder. Durante años, la bancada ha insistido en la existencia de una “judicialización de la política” y una “persecución sistemática” contra sus líderes, tesis que forma parte central de su narrativa política y de su estrategia de defensa frente a las sentencias judiciales.
Por ello, el nombramiento de Salazar como embajadora en uno de los países más importantes del continente ha sido interpretado por este grupo como una recompensa institucional a su supuesta labor como “instrumento del poder” y no como un reconocimiento a su trayectoria profesional o su perfil internacional.
Una bancada que no se considera derrotada
La Revolución Ciudadana concluye su pronunciamiento reafirmando su vigencia política, a pesar de las “sentencias ridículas, juicios amañados, pruebas forjadas, compra de conciencias y censura parlamentaria”, según sus propias palabras.
“Nos creen vencidos, pero olvidan que seguimos siendo la fuerza política más grande del país (…) El tiempo pondrá en su lugar a cada canalla, a cada cómplice y a cada traidor”, concluye el comunicado.
Estas frases apuntan a un endurecimiento del discurso político de la bancada, que desde la llegada de Daniel Noboa al poder ha mantenido una postura de oposición frontal, con duras críticas tanto a la agenda gubernamental como al manejo institucional de los casos judiciales heredados.
Reacciones aún por consolidarse
Hasta el cierre de esta edición, ni la Presidencia de la República ni Diana Salazar han respondido oficialmente a las acusaciones vertidas por la RC. En su intervención pública del día anterior, Salazar se limitó a expresar que el servicio público representa “una forma de poner nuestro contingente a disposición de la ciudadanía”, y que esta nueva etapa diplomática ofrece “tranquilidad” para ella y su familia, sin hacer alusión directa a los cuestionamientos políticos.
Por su parte, otros actores del sistema político han reaccionado con cautela, y se espera que las próximas horas den paso a nuevos posicionamientos desde diferentes bancadas y sectores de la sociedad civil.
