La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI) ha emitido un comunicado en el que expresa su profundo rechazo a la detención arbitraria de Juan Carlos Carvajal, un destacado dirigente comunitario y defensor de los derechos colectivos en las provincias de Cotopaxi, especialmente en las comunidades de Las Pampas y Palo Quemado. La situación ha puesto en evidencia la creciente criminalización de las protestas sociales en Ecuador, especialmente aquellas que luchan contra los proyectos extractivistas que amenazan el bienestar de las comunidades y el medio ambiente.
Juan Carlos Carvajal es conocido por su activa participación en el Frente Nacional Antiminero, un movimiento que lucha por la protección de los derechos humanos, el agua y el territorio frente a la imposición de proyectos mineros en las zonas rurales del país. En este contexto, Carvajal se ha erigido como un firme defensor de las comunidades afectadas por la minería, que ven en esta actividad una amenaza para su supervivencia, tanto a nivel económico como ambiental.
El pasado 27 de diciembre, durante un plantón pacífico realizado frente al Ministerio de Ambiente, en Santo Domingo, en defensa del agua, Carvajal fue detenido por un contingente de más de 20 policías. El motivo de la manifestación fue el rechazo al proyecto minero La Plata, impulsado por la empresa Ático Mining, que pretende extraer 50 litros de agua por segundo para alimentar sus operaciones mineras. Esta cifra, aparentemente pequeña, representa una amenaza directa para las comunidades de Sigchos, Palo Quemado y Las Pampas, quienes dependen de ese recurso vital para su subsistencia.
El uso de la fuerza y la criminalización de la protesta social
Lo que comenzó como una manifestación pacífica en defensa de los derechos de las comunidades se transformó rápidamente en un acto de represión cuando la policía detuvo a Carvajal. La acción policial, claramente desproporcionada, no solo violó los derechos de Carvajal, sino que también puso de manifiesto una grave amenaza contra el derecho a la protesta en Ecuador. Este tipo de represiones son cada vez más comunes cuando se trata de movilizaciones en contra de proyectos extractivistas, los cuales, a menudo, son promovidos por el gobierno en alianza con empresas extranjeras que explotan los recursos naturales del país sin considerar las consecuencias para las comunidades locales.
La minería, especialmente en sus formas más destructivas, como la minería a cielo abierto, está dejando un saldo negativo en el medio ambiente y en la vida de las personas. La extracción de recursos no solo contamina los cuerpos de agua y destruye los ecosistemas, sino que también afecta gravemente a las comunidades que dependen de estos recursos para su supervivencia. Las comunidades de Cotopaxi, por ejemplo, han denunciado que el proyecto minero La Plata pondría en riesgo el acceso al agua, un derecho humano fundamental.
La defensa del agua y el territorio como un derecho inalienable
En el comunicado de ECUARUNARI, se subraya que el agua es vida, y su defensa es una causa legítima y urgente. Las comunidades que luchan por el agua no solo están defendiendo un recurso natural, sino también su forma de vida y su derecho a vivir dignamente. La protesta social en defensa del agua y los derechos colectivos no es un acto de vandalismo ni un capricho, sino una necesidad urgente de preservar el futuro de las generaciones actuales y futuras.
El pueblo kichwa, junto con otras comunidades afectadas por la minería, ha dejado claro que no cederán ante los intereses de las grandes empresas mineras, que solo buscan maximizar sus ganancias a expensas del bienestar de las personas y el medio ambiente. La lucha contra el extractivismo en Ecuador es una lucha por la justicia social y ambiental, y cada vez más voces se levantan en contra de las políticas gubernamentales que favorecen estos proyectos a costa del territorio y los recursos de las comunidades.
