El inicio de una tragedia
El 8 de diciembre de 2024, Ecuador fue testigo de un suceso que ha dejado una marca imborrable en su historia reciente. Ismael Arroyo (15), Josué Arroyo (14), Nehemías Arboleda (15) y Steven Medina (11) desaparecieron tras ser detenidos arbitrariamente por miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). Lo que comenzó como una tarde común en su barrio se transformó en una tragedia que expone las fisuras del sistema de seguridad y justicia del país.
Tras semanas de incertidumbre y dolor, las pericias legales confirmaron lo peor: los cuerpos hallados correspondían a los cuatro menores. Los resultados de las pruebas forenses, entregados el 31 de diciembre de 2024, pusieron fin a la angustiosa espera de sus familiares, pero abrieron una herida profunda en la sociedad ecuatoriana.
El velatorio: Un adiós lleno de lágrimas
La noche del 31 de diciembre, los familiares retiraron los restos de los niños de la morgue de Guayaquil. Los ataúdes, donados por la Empresa Pública Municipal de Acción Social y Educación de Guayaquil (EP DASE), fueron llevados a las casas de las víctimas, donde se realizó el velatorio.
Las familias, acompañadas por vecinos, amigos y representantes de organizaciones de derechos humanos, expresaron su dolor y exigieron justicia. En medio del llanto, surgieron reclamos hacia las autoridades por la falta de respuestas claras y la demora en el esclarecimiento de los hechos.
El entierro: Un acto de amor y resistencia
El 1 de enero de 2025, los cuerpos de Ismael, Josué, Nehemías y Steven fueron sepultados en el Cementerio del Suburbio Ángel María Canals. La ceremonia estuvo marcada por la indignación y el luto colectivo. Decenas de personas se reunieron para acompañar a las familias en su despedida, portando carteles y gritando consignas que exigían justicia.
El acto fue más que un funeral: fue una manifestación de resistencia frente a la impunidad. Las palabras de los familiares resonaron con fuerza: «Nuestros hijos eran inocentes. Queremos que los responsables paguen por este crimen».
Reacciones y contexto
La muerte de estos cuatro menores ha generado un intenso debate sobre el uso de la fuerza en los operativos militares y la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos humanos. Según el abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), este caso no solo evidencia un abuso de poder, sino también una cadena de omisiones que permitieron la desaparición y asesinato de los niños.
Organizaciones nacionales e internacionales han expresado su condena y solicitado una investigación exhaustiva e independiente. El caso también ha reavivado discusiones sobre el racismo estructural, pues las víctimas provenían de sectores vulnerables y afrodescendientes, un factor que sus familias consideran determinante en su criminalización y estigmatización.
