La Asamblea explica el nuevo proyecto de Ley económico urgente contra los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO)
En un contexto nacional marcado por crecientes desafíos en materia de seguridad, la Asamblea Nacional ha puesto en primer plano un ambicioso proyecto de Ley económico urgente, enviado por el presidente Daniel Noboa, con el firme propósito de desarticular y neutralizar las estructuras financieras que sustentan a los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), que desde hace años afectan la paz y estabilidad del Ecuador.
El proyecto de ley, que ha sido detalladamente explicado por representantes del Legislativo, se enfoca en un enfoque integral que va más allá de la mera persecución penal. Según los voceros de la Asamblea, esta iniciativa busca “poner un freno definitivo a la economía que alimenta las operaciones de los GDO”, una economía oscura y paralela que, a través del narcotráfico, extorsión, secuestros y otros delitos, genera ingentes ganancias ilícitas.
Uno de los pilares fundamentales de esta ley es la incautación de bienes que han sido obtenidos de manera ilícita por estos grupos delictivos. La propuesta establece que dichos activos sean utilizados en favor del Estado ecuatoriano, priorizando la reparación integral a las víctimas afectadas por el accionar criminal, así como la reactivación económica y social de las zonas más afectadas por el terrorismo y la violencia organizada. Esto implica no solo un golpe a la economía ilegal, sino también una inversión estratégica para recuperar territorios y comunidades afectadas.
Además, el proyecto endurece las sanciones para los integrantes de los GDO, ampliando las penas privativas de libertad de 22 a 30 años, y eliminando la posibilidad de medidas sustitutivas para estos delincuentes. Esta medida refleja una postura clara de la Asamblea y el Ejecutivo para no dar espacio a la impunidad ni flexibilizar las consecuencias para quienes atenten contra la seguridad y tranquilidad de los ecuatorianos.
El enfoque de la ley se dirige a desmantelar las estructuras de poder y financiamiento de estos grupos, con la esperanza de reducir sus actividades ilícitas y fortalecer la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos. A su vez, se busca enviar un mensaje contundente sobre la intolerancia hacia el delito organizado y el compromiso estatal para restaurar el orden y la justicia.
Este proyecto, en trámite legislativo, abre un debate importante sobre el equilibrio entre la seguridad, los derechos humanos y el fortalecimiento institucional, aspectos que serán observados de cerca por la sociedad civil, organismos internacionales y actores políticos.
En definitiva, la propuesta legislativa representa un paso significativo en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador, donde la combinación de medidas económicas, legales y sociales se presenta como una estrategia integral para la construcción de un país más seguro y justo.
