El Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó este 26 de abril la continuación del juicio político en contra de Sofía Hernández, exsuperintendenta de la Economía Popular y Solidaria (SEPS), tras una votación ajustada pero decisiva. Con 83 votos afirmativos, los legisladores dieron paso a la sustanciación del proceso que busca determinar presuntas responsabilidades políticas en su gestión al frente del organismo de control del sector cooperativista y financiero no bancario del país.
La decisión, que se produjo tras horas de debate en el hemiciclo, marca un nuevo capítulo en la fiscalización a exfuncionarios del anterior gobierno y vuelve a encender el debate sobre el control político, la transparencia en las instituciones del Estado y el correcto manejo de los recursos de miles de socios de cooperativas de ahorro y crédito.
¿De qué se acusa a Sofía Hernández?
El pedido de juicio político fue impulsado por la bancada de Revolución Ciudadana, con respaldo de otras fuerzas legislativas. Según el expediente presentado, Hernández habría incurrido en un «incumplimiento de funciones» al permitir el uso discrecional de recursos en cooperativas intervenidas, al tiempo que se le acusa de falta de control efectivo sobre directivos designados en esos procesos, lo cual habría derivado en posibles perjuicios económicos para socios y ahorristas.
Uno de los casos más señalados es el de la Cooperativa «Solidaridad Andina», intervenida en 2023, donde los asambleístas aseguran que existieron irregularidades en el nombramiento de administradores temporales y desvío de fondos que nunca fueron debidamente explicados.
El debate legislativo: entre lo técnico y lo político
Durante la sesión, las posturas en la Asamblea estuvieron claramente divididas. Mientras Revolución Ciudadana y parte del PSC sostuvieron que existen elementos suficientes para avanzar con el proceso y determinar responsabilidades, legisladores del oficialismo y algunos independientes señalaron que el juicio tiene un trasfondo político y responde a la necesidad de generar presión sobre otras instituciones de control.
«No podemos permitir que una funcionaria que manejó millones de dólares de la economía popular quede en la impunidad. Aquí está en juego la confianza de los ciudadanos que depositaron sus ahorros en cooperativas», manifestó el asambleísta lojano Pedro Piedra, uno de los proponentes.
Por su parte, defensores de Hernández alegan que las competencias de la SEPS eran limitadas en ciertos procesos y que no se puede atribuir a su gestión todos los problemas del sector, afectado también por decisiones macroeconómicas y normativas heredadas.
Lo que viene: comparecencias y votos clave
Con la aprobación del pleno, el proceso entra en la fase de sustanciación, que incluirá la convocatoria a comparecencias de la exfuncionaria, funcionarios actuales y expertos del sistema cooperativista. El informe final deberá ser emitido por la Comisión de Fiscalización y luego regresará al Pleno para su votación definitiva.
Para que Hernández sea censurada, se requerirá el voto afirmativo de 92 asambleístas, mayoría calificada. La decisión podría tener repercusiones políticas no solo para ella, sino también para eventuales responsables que hayan participado en procesos irregulares dentro de la SEPS.
Un precedente en el control a la economía popular
Este juicio político representa un precedente importante en el control a las entidades que regulan el sistema financiero popular y solidario, donde más de 5 millones de ecuatorianos mantienen sus ahorros, especialmente en provincias como Loja, Azuay, Chimborazo y Manabí.
La economía popular y solidaria ha sido históricamente un pilar para el desarrollo comunitario y el acceso al crédito en sectores vulnerables. Sin embargo, su fragilidad institucional ha sido aprovechada por operadores sin escrúpulos, y en muchos casos, sin una supervisión eficiente del Estado.
