El pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con una votación ajustada, la destitución y censura de Juan Esteban Guarderas, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Este resultado, alcanzado con 70 votos a favor, evidencia el apoyo de las bancadas de la Revolución Ciudadana (RC5), junto con ciertos legisladores del Partido Social Cristiano (PSC), Construye e independientes. Por su parte, el oficialismo manifestó su oposición al proceso.
Guarderas enfrentó un juicio político iniciado por la asambleísta Ana Herrera, de la RC5, bajo la acusación de incumplimiento de funciones. Las causales que fundamentaron su destitución incluyeron:
- Violación del deber de reserva y protección: Se argumentó que Guarderas no mantuvo la confidencialidad exigida en sus funciones, comprometiendo información sensible del Consejo.
- Abuso de poder y uso indebido de recursos públicos: Se le acusó de utilizar recursos del CPCCS en beneficio propio o de terceros sin justificación.
- Presunto tráfico de influencias y violación de la independencia judicial: Las acusaciones incluyeron la supuesta interferencia en decisiones judiciales, comprometiendo la imparcialidad del sistema.
- Presunta falsificación de firma: Guarderas fue señalado por la manipulación de documentos oficiales del Consejo.
Este juicio político se desarrolló bajo el escrutinio de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, y su conclusión no solo resultó en la salida de Guarderas del CPCCS, sino también en la imposición de una inhabilitación de dos años para ocupar cargos públicos.
El rol del correísmo en la destitución
Desde el inicio del proceso, la bancada de la Revolución Ciudadana anticipó su respaldo para la censura de Guarderas, evidenciando una postura coordinada con otros sectores políticos. El oficialismo, sin embargo, denunció el juicio como una maniobra política destinada a consolidar el control del CPCCS por parte de sectores afines al correísmo.
El reemplazo de Guarderas
Con la salida de Guarderas, el abogado Eduardo Franco Loor, identificado como cercano a la Revolución Ciudadana, asumirá el cargo. Franco Loor tendrá el desafío de integrar un Consejo que ya enfrenta cuestionamientos sobre su independencia y credibilidad.
La destitución de Guarderas marca un nuevo episodio en la lucha por el control del CPCCS, un organismo fundamental en el diseño y nombramiento de autoridades clave en el Estado ecuatoriano. La polarización política en torno a este caso subraya las tensiones que siguen presentes en la política nacional.
