Quito, Ecuador – Junio de 2025.
Con seis votos a favor de los miembros de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, se aprobó el informe para segundo y definitivo debate del Proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia, una normativa que ha generado expectativa, preocupación y una urgente necesidad de análisis en el contexto de la seguridad nacional.
Esta ley busca regular el funcionamiento del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado, establecer límites claros en el uso de herramientas de vigilancia y definir con precisión los mecanismos de control democrático sobre las actividades de inteligencia civil y militar en el país. El informe aprobado se convierte en la base para el tratamiento final de esta propuesta legislativa, cuya aplicación puede redefinir el equilibrio entre seguridad y derechos ciudadanos.
🔍 ¿Qué propone el proyecto de ley?
La Ley Orgánica de Inteligencia contempla, entre otros aspectos:
- La creación del Consejo Nacional de Inteligencia, como órgano rector de la política nacional en esta materia.
- Mecanismos de coordinación entre las fuerzas armadas, la policía, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), y otros organismos estatales.
- Regulación del uso de tecnologías de vigilancia e interceptación.
- Protección de derechos fundamentales frente a posibles abusos.
- Establecimiento de un sistema de control parlamentario sobre las acciones de inteligencia.
Con estas medidas, el Estado busca blindarse frente a amenazas internas y externas como el crimen organizado, el terrorismo, el espionaje cibernético y otras formas de desestabilización.
⚖️ Debate de fondo: ¿garantía de seguridad o riesgo de vigilancia excesiva?
A pesar de la unanimidad en la votación dentro de la comisión, el texto no ha estado exento de controversia. Organizaciones de derechos humanos, catedráticos y sectores políticos opositores advierten que esta normativa podría dar paso a una vigilancia masiva, sin los debidos controles, si no se garantiza su aplicación dentro de estrictos marcos constitucionales.
Uno de los principales desafíos está en definir los límites de la información clasificada y en asegurar que las tareas de inteligencia no deriven en espionaje político o persecución a voces críticas.
“La inteligencia no puede convertirse en un aparato de control ideológico”, señalaron activistas de la sociedad civil que exigen una revisión pública del articulado antes del debate final.
🛡️ Una necesidad impostergable ante el crimen organizado
Por otro lado, sectores vinculados a la seguridad y defensa sostienen que el país necesita urgentemente un sistema de inteligencia moderno, legalmente estructurado y funcional, capaz de anticipar amenazas como el narcotráfico, la minería ilegal y los atentados contra la soberanía nacional.
Expertos del sector militar consideran que el proyecto puede llenar un vacío normativo que por años ha limitado las operaciones del Estado frente a redes delictivas transnacionales.
“La inteligencia es un instrumento estratégico, no una herramienta de represión. Esta ley es clave si queremos una respuesta efectiva contra el crimen”, enfatizó uno de los comisionados.
🏛️ Camino al pleno: segundo debate será decisivo
Con el informe aprobado, el proyecto está listo para ser discutido en el Pleno de la Asamblea Nacional en su segundo y definitivo debate. Se espera que durante la sesión se realicen ajustes al texto, producto del análisis de observaciones presentadas por distintos sectores sociales, académicos y políticos.
El país mira con atención este proceso legislativo, ya que de su aprobación dependerá en gran medida el fortalecimiento del aparato estatal de inteligencia, pero también el resguardo de las libertades individuales en una democracia que ha vivido momentos de profunda polarización.