En medio de un clima político marcado por intensos debates sobre la institucionalidad y la interpretación de la ley, la asambleísta Gissela Garzón se pronunció categóricamente este martes 8 de abril de 2025 sobre la polémica generada por la prórroga en funciones de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar.
Garzón, integrante del bloque de la Revolución Ciudadana, fue enfática al señalar que el criterio emitido por la Procuraduría General del Estado (PGE) sobre la continuidad temporal de autoridades cuya designación aún no ha sido reemplazada, es de carácter vinculante y, por lo tanto, debe ser acogido por todas las instituciones del Estado.
“El criterio de la Procuraduría es claro, es vinculante y debe ser acatado. No se trata de opiniones, sino de una interpretación oficial del marco legal que garantiza la continuidad institucional”, sostuvo la legisladora durante su intervención en la Asamblea Nacional.
🔎 Contexto: Prórroga en funciones de Diana Salazar
La controversia surge tras el vencimiento del periodo de gestión de la actual fiscal general, Diana Salazar, cuya designación, según la ley, debía ser reemplazada por un nuevo titular a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Sin embargo, debido a retrasos en el proceso de selección, Salazar continúa en funciones.
Frente a ello, la Procuraduría General del Estado emitió un pronunciamiento en el que se establece que, en ausencia de un sucesor designado, las autoridades pueden permanecer en sus cargos de manera temporal, para evitar vacíos de poder y garantizar el funcionamiento del Estado.
Este pronunciamiento ha generado reacciones divididas. Mientras algunos sectores lo consideran una forma legítima de asegurar la estabilidad institucional, otros cuestionan la legalidad y la conveniencia política de extender la permanencia de Salazar en el cargo, dado su rol protagónico en casos de alto perfil vinculados a la corrupción.
🏛️ Reacciones en la Asamblea Nacional
La intervención de Gissela Garzón se da en un momento clave, cuando el Parlamento analiza posibles comparecencias y acciones de fiscalización respecto a la permanencia de Diana Salazar y el papel del CPCCS en el proceso de selección.
“Se debe respetar el marco constitucional. La Asamblea no puede ser usada para deslegitimar decisiones técnicas y jurídicas de los órganos competentes. El país necesita certezas, no más confrontaciones”, agregó Garzón.
Desde otros sectores políticos, especialmente los de oposición al correísmo, se insiste en que esta prórroga representa una amenaza para la transparencia, al considerar que una permanencia prolongada sin designación formal podría sentar un precedente peligroso.
📌 El fondo del debate: independencia de funciones y estabilidad institucional
Este caso pone en debate temas cruciales como:
- La interpretación de la ley frente a vacíos institucionales.
- El rol del CPCCS en la selección de autoridades de control.
- La independencia de la Fiscalía frente al poder político.
- La legitimidad de los pronunciamientos vinculantes de la Procuraduría.
Mientras tanto, la Fiscal General continúa ejerciendo sus funciones con normalidad, mientras el país permanece a la expectativa del avance en el proceso de designación de su sucesor.
