Andrea Arrobo, quien ocupó el cargo de ministra de Energía en Ecuador, publicó una carta en sus redes sociales donde denuncia intimidaciones del Gobierno y expone hechos relacionados con la gestión de la crisis energética en el país. En el comunicado, la exfuncionaria aseguró que durante su gestión intentó alertar a la ciudadanía sobre los riesgos de racionamientos eléctricos debido a una crisis hídrica, pero fue silenciada por órdenes del Ejecutivo.
Denuncias de la exministra
Arrobo manifestó su frustración y temor en relación con los obstáculos que enfrentó al intentar informar al país:
«Si le enseño al país los chats entre el Presidente de la República y yo, en los que le informo de la crisis energética […], mi vida y la de mi familia habrá acabado», señaló en su carta.
Según Arrobo, sus intentos de hacer pública esta información fueron ignorados, y se le prohibió realizar una rueda de prensa previamente programada. Además, afirmó que estas decisiones respondían a intereses políticos relacionados con la consulta popular de abril de 2024, ya que admitir la existencia de una crisis hídrica podría haber afectado la percepción pública del gobierno.
Contexto de la crisis energética
En los últimos meses, Ecuador ha enfrentado una disminución en la generación eléctrica debido a la escasez de agua en las centrales hidroeléctricas, lo que ha generado apagones programados en varias provincias. Arrobo afirmó que esta situación pudo haberse manejado mejor si la ciudadanía hubiera sido informada a tiempo y se hubieran implementado medidas preventivas.
Temor a represalias
La exministra dejó claro que su silencio fue motivado por el miedo a represalias graves:
«No es la falta de argumentos lo que me detiene, sino el temor a represalias devastadoras», expresó en el comunicado.
Asimismo, aseguró que ha guardado pruebas documentales para defenderse judicialmente en caso de que se inicie algún proceso en su contra.
Repercusiones
El pronunciamiento de Arrobo ha generado una ola de reacciones en redes sociales y entre los sectores políticos. Mientras algunos exigen que la exministra presente las pruebas que respalden sus afirmaciones, otros cuestionan al Gobierno por las supuestas decisiones de silenciar una crisis que afecta directamente a la población.
El Ejecutivo, por su parte, aún no se ha pronunciado oficialmente sobre estas declaraciones.
