La decisión del gobierno de Estados Unidos de prohibir la entrada al exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, y al expresidente Rafael Correa ha generado una fuerte reacción en el escenario político del país andino. La noticia fue calificada por Sonia Vera, abogada de Jorge Glas, como una «maniobra política» que, según ella, tiene la clara intención de influir en el proceso electoral ecuatoriano, lo que ha desatado un intenso debate sobre la interferencia internacional en los asuntos internos de Ecuador.
A través de su cuenta en la red social X (anteriormente conocida como Twitter), Vera expresó su indignación ante la medida adoptada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, manifestando que «el Departamento de Estado está descaradamente interfiriendo en las elecciones de Ecuador». Sus declaraciones rápidamente se viralizaron, provocando diversas reacciones tanto de figuras políticas como de ciudadanos que apoyan o critican a los exmandatarios.
Para Sonia Vera, esta prohibición de ingreso a territorio estadounidense va más allá de una simple sanción diplomática, ya que ocurre en un contexto en el que Ecuador se encuentra a pocos meses de unas cruciales elecciones generales. En sus declaraciones, la abogada de Glas enfatizó que esta medida no es más que un intento por parte de Estados Unidos de influir en los resultados electorales de febrero de 2025, en los que el correísmo sigue teniendo un papel importante en la política nacional.
La situación de Jorge Glas se ha visto agravada por esta medida. El exvicepresidente, quien actualmente cumple una condena de prisión en la cárcel de máxima seguridad La Roca, ubicada en la ciudad de Guayaquil, ha sido una figura central en la política ecuatoriana en los últimos años, y su encarcelamiento ha sido objeto de múltiples controversias. Sonia Vera, su abogada, ha reiterado en varias ocasiones que su cliente se encuentra en una situación de «secuestro», argumentando que Glas ha sido víctima de un proceso judicial injusto y de una persecución política que tiene como fin eliminarlo del juego político. Esta postura ha sido defendida por el círculo cercano a Glas, mientras que los detractores del exvicepresidente señalan que su condena está sustentada en pruebas de corrupción que fueron ampliamente discutidas durante su juicio.
El expresidente Rafael Correa, por su parte, también ha sido incluido en esta prohibición de ingreso a los Estados Unidos. Correa, quien reside en Bélgica desde que dejó el poder en 2017, enfrenta diversas órdenes de captura en Ecuador, relacionadas principalmente con casos de corrupción. A pesar de estos problemas legales, Correa sigue siendo una figura de gran influencia en el escenario político ecuatoriano, especialmente entre los simpatizantes de la Revolución Ciudadana, el movimiento político que él fundó y que continúa siendo una fuerza importante en las elecciones ecuatorianas.
La medida tomada por Estados Unidos es percibida por algunos analistas como un reflejo del deterioro de las relaciones entre el correísmo y el gobierno estadounidense. Durante los años en que Correa fue presidente de Ecuador (2007-2017), mantuvo una postura crítica hacia la influencia de Washington en América Latina y reforzó las relaciones diplomáticas y comerciales con países como China y Rusia. Esta política exterior le valió el apoyo de sectores de la izquierda latinoamericana, pero también tensó las relaciones con Estados Unidos, especialmente en asuntos relacionados con el comercio y la cooperación en seguridad.
Para el gobierno estadounidense, la decisión de prohibir el ingreso de figuras como Glas y Correa está en línea con su política de sancionar a personas implicadas en actos de corrupción. En varios comunicados previos, el Departamento de Estado ha señalado que este tipo de medidas buscan presionar a líderes corruptos, independientemente de su posición política, para que rindan cuentas por sus acciones. Sin embargo, para muchos seguidores del correísmo, estas acciones no son más que una muestra de la injerencia de Estados Unidos en los asuntos soberanos de Ecuador.
Esta prohibición llega en un momento delicado para el país, cuando las fuerzas políticas se están reorganizando de cara a las elecciones generales de 2025. El correísmo, representado por el movimiento Revolución Ciudadana, sigue siendo uno de los actores principales en el panorama electoral, y a pesar de los problemas legales que enfrentan sus principales líderes, continúa teniendo un sólido respaldo popular.
El anuncio de la prohibición ha generado un amplio debate en los medios de comunicación y redes sociales. Mientras algunos ven esta medida como una intervención indebida en la soberanía de Ecuador, otros la interpretan como una acción justa en contra de la corrupción que ha marcado el legado de Glas y Correa.
Por el momento, ni Jorge Glas ni Rafael Correa han emitido un pronunciamiento oficial sobre la decisión del gobierno estadounidense. No obstante, se espera que este tema siga ocupando un lugar central en el debate político ecuatoriano, especialmente a medida que se acercan las elecciones de 2025, en las que el futuro político de Ecuador podría verse fuertemente influenciado por el desenlace de esta situación.
