En un nuevo episodio que pone a prueba la transparencia e independencia del sistema de justicia ecuatoriano, la jueza Nubia Vera ha denunciado formalmente ante la Fiscalía presuntas amenazas y presiones ejercidas por el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, antes de que ella resolviera una acción de protección a favor de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad.
“Que se haga justicia, porque yo denuncié las amenazas que recibí antes de emitir mi fallo”, afirmó Vera en declaraciones realizadas en el ingreso a la Fiscalía General del Estado, a donde acudió para ampliar su denuncia y entregar pruebas que, según sostiene, comprometen a autoridades del más alto nivel del sistema judicial.
Acción de protección a favor de Abad: el detonante
Los hechos se remontan a diciembre de 2024, cuando la jueza Vera conoció una acción de protección interpuesta por la entonces vicepresidenta Verónica Abad, tras una sanción administrativa impuesta por el Ministerio del Trabajo que la suspendía de sus funciones durante 150 días. Esta medida fue vista como una acción política por parte del Ejecutivo, en medio del abierto distanciamiento entre Abad y el presidente Daniel Noboa.
El 23 de diciembre, Vera resolvió a favor de Abad, ordenando su reinstalación inmediata en el cargo, decisión que reavivó las tensiones entre el Ejecutivo y el sistema judicial.
La denuncia: amenazas, presiones y manipulación
Según el testimonio de la jueza, días antes de emitir su resolución fue visitada en su despacho por funcionarios del Consejo de la Judicatura, quienes le entregaron un dispositivo USB con una sentencia “pre-redactada”, la cual debía utilizar para fallar en contra de la acción planteada por Abad.
“Me dijeron que esa era la sentencia que debía dictar. Y si no lo hacía, se me abriría un sumario administrativo e incluso podía ser destituida”, señaló Vera. La jueza considera que esto constituye una grave violación a la independencia judicial y una injerencia directa en su función jurisdiccional.
Este 21 de abril de 2025, al acudir nuevamente a la Fiscalía, entregó como evidencia el dispositivo USB, que según ella contiene la sentencia que le pretendían imponer.
Godoy contraataca
Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, negó rotundamente las acusaciones. A través de un comunicado oficial, aseguró que se trata de afirmaciones falsas, motivadas por intereses personales y políticos. Además, presentó una querella por calumnias en contra de la jueza Vera, lo que ha agudizado aún más el conflicto institucional.
Un sistema judicial bajo la lupa
El caso ha levantado serias preocupaciones en el país. Diversos colectivos jurídicos, organizaciones de derechos humanos y académicos del derecho han exigido a la Fiscalía una investigación exhaustiva, objetiva e independiente, que permita esclarecer los hechos y, de ser el caso, sancionar a los responsables.
El respeto a la independencia judicial es un pilar fundamental de todo Estado de derecho. De comprobarse las denuncias de Vera, Ecuador estaría ante un hecho de extrema gravedad institucional: un intento de manipulación de la justicia desde su propio órgano de control.
Una batalla que va más allá de lo jurídico
La controversia no solo se libra en los estrados, sino también en el terreno político y mediático. La vicepresidenta Abad ha respaldado públicamente a la jueza Vera, agradeciendo su valentía por “resistir la presión del poder”. Por otro lado, el entorno cercano al Gobierno y a la Judicatura se ha mantenido en silencio o ha minimizado el caso.
En medio de un escenario político polarizado, este episodio refleja las profundas fisuras institucionales que atraviesa el país y plantea una pregunta urgente: ¿pueden los jueces en Ecuador dictar sus fallos con autonomía plena, sin temor a represalias?
El desarrollo de esta investigación marcará un precedente crucial para el sistema judicial ecuatoriano, y sus consecuencias podrían redibujar los límites del poder en la República.
