La comunidad educativa del sector Rumiñahui, en Loja, atraviesa una profunda conmoción tras conocerse que al menos diez niños habrían sido víctimas de abuso sexual por parte de un maestro de una institución educativa del sector. Las denuncias, presentadas por los padres de familia tanto ante la dirección del plantel como en la Fiscalía, destapan un caso que genera consternación y exige respuestas urgentes de las autoridades educativas y judiciales.
Una situación que estremece a la comunidad
Según las versiones recogidas por los representantes legales de las familias afectadas, los niños —todos de educación básica— habrían sido objeto de tocamientos indebidos y comportamientos inadecuados por parte del maestro dentro de los espacios escolares. Los relatos comenzaron a salir a la luz tras que uno de los estudiantes, con temor y confusión, compartiera lo ocurrido con sus padres. A partir de ahí, se abrió un proceso de escucha entre los otros alumnos que derivó en múltiples testimonios coincidentes.
Hasta el momento, se conoce que al menos diez menores de edad han verbalizado sus experiencias, generando alarma en toda la comunidad.
Acción inmediata de los padres y denuncia formal
Los padres de los niños afectados acudieron de inmediato a las autoridades del establecimiento educativo para exigir respuestas. La reacción fue inmediata: se levantó un informe institucional y se activaron los protocolos correspondientes de protección infantil. No obstante, las familias decidieron ir más allá, presentando también la denuncia ante la Fiscalía de Loja, para que se inicie una investigación penal que esclarezca los hechos y establezca las responsabilidades correspondientes.
El presunto agresor fue separado preventivamente de sus funciones mientras se desarrollan las investigaciones. La dirección del plantel ha ofrecido colaboración total con las autoridades judiciales y ha activado un equipo de psicólogos para atender a las víctimas y sus familias.
Fiscalía abre investigación previa
La Fiscalía ha confirmado la apertura de una investigación previa bajo el presunto delito de abuso sexual a menores de edad, un tipo penal severamente sancionado por la legislación ecuatoriana. En las próximas horas se tomarán versiones a los niños en espacios protegidos, con apoyo de psicólogos y especialistas en entrevista forense, con el fin de garantizar un proceso respetuoso y sin revictimización.
Silencio institucional y clamor social
Mientras el proceso avanza, muchas familias del sector han comenzado a manifestarse con temor y enojo. Se han convocado a reuniones comunitarias y padres de familia de otros grados exigen que se investigue si hubo más víctimas o señales de alerta que no fueron atendidas a tiempo.
Organizaciones de derechos humanos y protección de la infancia han pedido una actuación diligente y transparente del Ministerio de Educación, así como una revisión exhaustiva de los protocolos de contratación, supervisión y acompañamiento al personal docente.
La voz de la niñez no puede silenciarse
Este caso revive una discusión urgente: la necesidad de entornos escolares seguros y mecanismos eficaces de prevención de violencia sexual infantil. “No podemos tolerar ni un solo caso más de impunidad. Escuchar y creer a los niños es el primer paso para protegerlos”, señaló una psicóloga educativa consultada por este medio.
Mientras tanto, las familias de las víctimas luchan entre el dolor, la indignación y el deseo de justicia. La sociedad lojano, y el país entero, exige una investigación exhaustiva y que, de comprobarse los delitos, caiga todo el peso de la ley sobre el responsable.
