En Ecuador, la minería se ha convertido en una de las actividades más debatidas del siglo XXI. Mientras las autoridades la promueven como una de las principales fuentes de ingresos no petroleros para el país, comunidades indígenas, campesinas y ambientalistas mantienen una firme resistencia. ¿Es posible encontrar un punto de equilibrio entre desarrollo económico, protección ambiental y justicia social?
Este reportaje explora el estado actual, las oportunidades económicas, los conflictos sociales y las perspectivas que envuelven al futuro de la minería en territorio ecuatoriano, en particular en regiones de alta biodiversidad y fragilidad social.
💰 La promesa minera: desarrollo económico y modernización
Con reservas considerables de oro, cobre, plata y otros minerales estratégicos, Ecuador ha comenzado a posicionarse como un nuevo actor en el escenario minero internacional. En los últimos años, proyectos como Fruta del Norte (en Zamora Chinchipe) y Mirador (en la Cordillera del Cóndor) han pasado de la etapa de exploración a producción, generando exportaciones millonarias.
Según el Ministerio de Energía y Minas, la minería podría representar hasta el 4% del PIB nacional en los próximos años, y atraer inversiones por más de 4.000 millones de dólares. Se proyecta la generación de miles de empleos directos e indirectos, así como el fortalecimiento de las economías locales en zonas remotas del país.
El Plan Nacional de Desarrollo Minero 2020-2030 contempla la expansión del sector en armonía con estándares ambientales y sociales, con énfasis en la transparencia y la rendición de cuentas.
🌎 Pero… ¿a qué costo?
Pese a los beneficios económicos, los conflictos sociales en torno a la minería no han hecho más que intensificarse. Las protestas, bloqueos y demandas judiciales se repiten en varias provincias. En la Amazonía sur, la población shuar ha denunciado desplazamientos forzados, militarización y criminalización de líderes comunitarios en territorios ancestrales afectados por concesiones mineras.
En provincias como Imbabura, Azuay y Cotopaxi también se han alzado voces en contra de la minería metálica, incluso en sus fases de exploración. Muchas de estas comunidades temen la contaminación de fuentes hídricas, la afectación a la agricultura y la pérdida de su modo de vida tradicional.
En palabras de Rosa Alvarado, dirigente campesina de Loja: “Nos ofrecen empleo por unos años, pero ¿quién nos devolverá el agua si los ríos se contaminan? ¿Quién restaurará los bosques después de que perforen la montaña?”
⚠️ Minería ilegal: una bomba de tiempo
A este escenario se suma la creciente minería ilegal, un fenómeno que ha encendido las alertas de las autoridades y comunidades por igual. En provincias como Esmeraldas, Napo y Zamora Chinchipe, decenas de hectáreas han sido arrasadas por retroexcavadoras clandestinas que operan sin control.
Estos enclaves ilegales están vinculados al crimen organizado, al lavado de activos y, en muchos casos, a la violencia armada. La falta de regulación no solo genera enormes pérdidas fiscales, sino que destruye ecosistemas frágiles y pone en riesgo la vida de defensores ambientales.
👥 Brecha entre lo legal y lo legítimo
Uno de los principales desafíos del Estado ecuatoriano ha sido lograr la licencia social para los proyectos mineros. Aunque muchas empresas cumplen con los permisos legales, enfrentan una resistencia popular creciente por no haber realizado procesos adecuados de consulta previa, libre e informada, especialmente con pueblos indígenas.
El conflicto no es solo legal, sino ético. Las comunidades reclaman su derecho a decidir sobre el uso de sus territorios. Desde su visión, el extractivismo no es sinónimo de desarrollo, sino de imposición.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha emitido sentencias clave que refuerzan el derecho de las comunidades a participar en decisiones que afecten directamente su entorno, poniendo en jaque varios proyectos en curso.
🧩 ¿Qué camino tomar?
El futuro de la minería en Ecuador dependerá de múltiples factores:
- La voluntad política de implementar una gobernanza participativa y transparente del sector.
- El cumplimiento de normas ambientales y sociales por parte de las empresas.
- La vigilancia activa de la ciudadanía organizada.
- Y sobre todo, la construcción de un modelo de desarrollo que no sacrifique la vida de comunidades ni ecosistemas a cambio de cifras macroeconómicas.
Ecuador se enfrenta a una decisión crucial: ¿apostar por una minería a gran escala con mayores controles, detener el avance del extractivismo o buscar modelos alternativos de desarrollo basados en la economía verde, el turismo comunitario y la agroecología?
Lo cierto es que, sin diálogo real, sin justicia ambiental y sin respeto a los territorios, el oro que se extraiga difícilmente podrá valer más que el agua que se pierde.
