¿Dónde están nuestros niños? Clamor por justicia y acción inmediata
En julio de 2024, Ecuador fue testigo de un acto que sacudió la conciencia de la nación. Neivi Mina Quiñónez y Ariel Cheme, dos jóvenes de Esmeraldas, fueron detenidos por militares durante un operativo de seguridad. Pocos días después, los cuerpos calcinados de dos personas fueron hallados, dejando en el aire preguntas sin respuesta y un vacío de justicia.
Meses después, un caso similar emerge en Guayaquil, donde cuatro menores de edad desaparecieron en circunstancias alarmantes. Josué, Ismael, Saúl y Steven, cuyas edades oscilan entre los 11 y 15 años, fueron vistos por última vez en el sector de Las Malvinas, presuntamente obligados a subir a una camioneta militar durante lo que aparentaba ser un operativo de seguridad.
El dolor de las familias
El padre de uno de los jóvenes detenidos expresó su angustia:
“Esto ya se está saliendo fuera de control. Ya son 12 días y no sé nada de mis hijos, usted no sabe cómo yo me siento, el vacío que yo tengo dentro.”
El clamor de los padres y la comunidad resuena en todo el país: el retorno de los niños y la verdad detrás de estos actos deben ser una prioridad nacional.
Reacciones institucionales y sociales
- Asamblea Nacional: A través del asambleísta Jorge Peñafiel, se solicitó la comparecencia de autoridades clave, como el Ministro de Defensa y el Defensor del Pueblo, para esclarecer el caso. Este llamado busca respuestas sobre el presunto uso de uniformes militares en actos que terminan en violencia y desaparición.
- Universidad de Cuenca (UCUENCA): Autoridades académicas alzaron su voz, recordando la obligación del Estado de garantizar la vida, protección y cuidado de la niñez ecuatoriana.
- Unión Nacional de Educadores (UNE): En un comunicado, denunciaron la militarización como una amenaza directa para los derechos humanos, instando a la ONU y organismos internacionales a intervenir y supervisar las investigaciones.
El papel del Estado y la responsabilidad colectiva
La Constitución ecuatoriana y tratados internacionales de derechos humanos establecen que el Estado tiene el deber ineludible de proteger a los menores. Sin embargo, la percepción de impunidad y violencia estructural ha generado una desconfianza generalizada. Este caso expone una preocupante falta de supervisión en operativos de seguridad y el uso indebido de uniformes militares.
Llamado a la acción
La sociedad civil exige respuestas contundentes:
- ¿Quiénes son los responsables detrás de estas desapariciones?
- ¿Qué medidas concretas está tomando el Estado para evitar que esto se repita?
- ¿Cómo se garantizará que estas familias obtengan justicia?
El silencio no es una opción cuando la vida de los niños está en juego. La historia de Neivi, Ariel, Josué, Ismael, Saúl y Steven debe convertirse en un llamado de atención para cambiar las políticas de seguridad y fortalecer la protección de los derechos humanos en Ecuador.
