El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sorprendió a la nación con una decisión clave en la política migratoria del país: la derogación del Decreto Ejecutivo No. 370, firmado originalmente el 23 de agosto de 2024. Este decreto, que había sido recibido con expectativa y controversia, proponía una amnistía migratoria para personas de nacionalidad venezolana en situación de movilidad humana, así como un proceso extraordinario de regularización para aquellos que habían completado el proceso de Registro de Permanencia Migratoria.
La medida, que había sido presentada por el gobierno de Noboa como un paso hacia la integración de los migrantes venezolanos, ha generado una amplia gama de reacciones, tanto a favor como en contra. Ahora, con la derogación de esta normativa, el mandatario ecuatoriano da un giro inesperado a su estrategia migratoria, lo que levanta interrogantes sobre las implicaciones a corto y largo plazo para la comunidad venezolana en Ecuador.
La decisión también está acompañada de una disposición para iniciar el proceso de denuncia del “Estatuto Migratorio entre la República del Ecuador y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, que había sido ratificado mediante el Decreto Ejecutivo No. 679 el 25 de febrero de 2011. Esta medida pondría fin a un acuerdo bilateral en materia migratoria que ha sido uno de los pilares de las relaciones entre ambos países durante más de una década.
Contexto de la Derogación
El Decreto Ejecutivo No. 370 de 2024 había sido diseñado para regularizar a cientos de miles de venezolanos que han llegado al país en los últimos años, principalmente como resultado de la crisis socioeconómica y política en Venezuela. El programa de amnistía y regularización migratoria había otorgado una oportunidad única para aquellos que, en muchos casos, no contaban con un estatus migratorio claro y que, al mismo tiempo, desempeñaban un papel crucial en diversas áreas de la economía ecuatoriana.
Sin embargo, el proceso generó una serie de críticas y preocupaciones tanto en sectores de la sociedad ecuatoriana como en organismos internacionales. Los detractores del decreto señalaron que, si bien la regularización de los migrantes era un acto de humanidad y justicia, también podría generar un impacto en los servicios públicos, el empleo y la seguridad social del país. Además, algunos políticos y actores sociales plantearon que la medida podría abrir las puertas a un aumento de la migración irregular.
A lo largo de los últimos meses, diversos sectores han expresado su postura en contra del Decreto Ejecutivo No. 370, incluyendo voces dentro del mismo gobierno, que argumentaban que el proceso de regularización había sido mal diseñado y que no contemplaba adecuadamente los recursos y la infraestructura necesarios para gestionar el aumento de migrantes en el país.
Implicaciones de la Derogación
Con la derogación del Decreto Ejecutivo No. 370, el gobierno ecuatoriano da un mensaje claro en cuanto a su enfoque hacia la migración venezolana. Si bien la medida no implica una expulsión masiva de migrantes ni una revocación automática de los registros de permanencia migratoria, sí marca un cambio radical en la política de regularización y un retorno a un control más estricto de las políticas migratorias.
El inicio del proceso de denuncia del “Estatuto Migratorio” también implica que las relaciones bilaterales con Venezuela podrían entrar en un período de tensión. Este acuerdo, firmado en 2011, ha sido fundamental para la gestión de la migración entre ambos países y su denuncia podría dificultar la cooperación futura en temas migratorios, creando incertidumbre para los migrantes que actualmente residen en Ecuador.
La derogación del decreto también podría tener repercusiones en el sector económico. Los migrantes venezolanos han sido parte esencial de la fuerza laboral en sectores como la construcción, la venta ambulante, la agricultura y los servicios. Sin un proceso de regularización claro, muchos de ellos podrían verse obligados a regresar a su país de origen o a vivir en condiciones de vulnerabilidad, lo que podría generar tensiones sociales y económicas dentro del país.
Reacciones de la Sociedad y los Expertos
La noticia de la derogación del Decreto Ejecutivo No. 370 fue recibida con una mezcla de reacciones. Por un lado, organizaciones de derechos humanos y colectivos de migrantes expresaron su preocupación por la falta de garantías para los miles de venezolanos que, hasta ahora, habían confiado en el proceso de regularización para mejorar su calidad de vida en Ecuador. Muchos de ellos temen ser deportados o vivir en la ilegalidad.
Por otro lado, sectores de la política nacional que se habían mostrado en contra de la amnistía migratoria aplaudieron la decisión del presidente Noboa, considerando que la medida se ajusta mejor a las necesidades de control migratorio y a la seguridad interna del país. Estos sectores argumentan que la regularización masiva de migrantes sin un control adecuado podría haber afectado los servicios públicos y la estabilidad laboral.
