En medio de un escenario político marcado por la tensión institucional y la presión ciudadana por resultados concretos, el presidente Daniel Noboa presentó a la Asamblea Nacional su segundo proyecto económico urgente. Esta vez, se trata de la Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, una propuesta que busca modernizar la administración del Estado y dinamizar el aparato público a través de mecanismos tecnológicos, normativos y administrativos.
La iniciativa fue ingresada oficialmente la tarde del martes 21 de mayo por el secretario Jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución, que permite al Ejecutivo enviar proyectos con carácter de urgencia económica a la Asamblea, otorgándole 30 días para su tratamiento.
¿Qué propone la nueva ley?
Aunque el contenido íntegro del proyecto aún está en análisis dentro de las comisiones legislativas, fuentes cercanas al Ejecutivo detallan que la propuesta apunta a tres grandes ejes:
- Digitalización del Estado:
La ley propone el rediseño de procesos institucionales mediante el uso de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y la automatización, buscando eliminar la burocracia innecesaria, optimizar los tiempos de atención ciudadana y mejorar la trazabilidad de los servicios públicos. - Fortalecimiento del talento humano en el sector público:
Se pretende reformar el sistema de contratación pública, estableciendo nuevas reglas para el ingreso y permanencia del personal en función de méritos, eficiencia y cumplimiento de resultados. Esto incluiría procesos de evaluación periódica, formación continua y movilidad interna. - Creación de unidades de gestión por resultados:
El proyecto plantea establecer unidades técnicas en las instituciones públicas que operen bajo el principio de resultados medibles, con responsabilidad directa en el cumplimiento de objetivos estratégicos nacionales.
¿Por qué es urgente esta ley?
El carácter de «urgencia económica» que le asignó el presidente no es casual. Según declaraciones previas de voceros gubernamentales, Ecuador enfrenta una doble crisis: fiscal y de confianza. La modernización del aparato estatal busca reducir costos innecesarios, aumentar la eficiencia operativa y ofrecer mejores servicios al ciudadano, con menor carga para el presupuesto público.
Además, esta ley se suma a los esfuerzos del Ejecutivo por recuperar gobernabilidad y respaldo popular, a pocos meses de haber asumido el poder tras una elección anticipada que lo convirtió en el presidente más joven del país.
Un contexto político complejo
La presentación de esta nueva reforma llega en un momento clave para Noboa. Por un lado, debe lidiar con una Asamblea que ha mostrado fraccionamientos, pero que también ha aprobado en semanas anteriores su primer proyecto económico urgente sobre impuestos. Por otro, el país vive una creciente demanda social por empleo, seguridad y transparencia.
Sectores de oposición han mostrado cautela frente a esta nueva propuesta, advirtiendo que cualquier intento de reorganización del Estado debe garantizar derechos laborales y evitar la centralización de decisiones técnicas en figuras políticas. Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil piden participar en el debate para asegurar que las transformaciones realmente beneficien al ciudadano común.
¿Qué sigue?
La Asamblea Nacional tiene 30 días para debatir y aprobar, modificar o negar la propuesta. Si no se pronuncia en ese plazo, la ley entrará en vigencia por el ministerio de la ley.
En las próximas semanas se espera una intensa discusión entre legisladores, gremios del sector público, organismos internacionales y actores del sector privado, quienes seguirán de cerca un proyecto que, de aprobarse, marcaría una reforma estructural profunda de la gestión pública en el Ecuador.
