La administración municipal de Loja vuelve a colocarse en el centro de la tormenta política. El alcalde Franco Quezada enfrenta, en menos de un mes, un segundo proceso formal de remoción, lo que evidencia un escenario de creciente inestabilidad institucional y confrontación política al interior del cabildo.
El nuevo intento de remoción fue presentado el 26 de mayo de 2025 por el ciudadano Ramiro Patricio Delgado Vallejo. A diferencia del proceso anterior, que fue archivado por decisión mayoritaria del concejo municipal el pasado 22 de mayo, este nuevo pedido se basa en dos acusaciones de peso: el presunto incumplimiento de la resolución 017-2024 del Concejo Municipal, y la modificación del presupuesto sin autorización del cabildo, lo que, de comprobarse, supondría una transgresión al marco legal que regula las competencias del alcalde.
La notificación oficial al burgomaestre se realizó el martes 3 de junio, a las 16:05, a través de la Secretaría General del Municipio, liderada por la abogada Guisella Domínguez. En el acto estuvieron presentes los concejales Miguel Castillo y Pablo Carrión, miembros de la Comisión de Mesa, instancia encargada de calificar la admisibilidad del pedido y conducir el procedimiento de acuerdo con lo establecido por el Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD).
Un contexto de creciente polarización
Este segundo proceso refleja algo más profundo que una disputa administrativa: un escenario político fragmentado y polarizado. La reiteración de solicitudes de remoción en tan corto tiempo deja entrever que las diferencias internas en el cabildo se han convertido en un obstáculo constante para el ejercicio normal de la administración municipal.
El proceso anterior, impulsado por un colectivo ciudadano, fue archivado por nueve votos en el Concejo, en una decisión que dejó clara la existencia de una mayoría que, al menos en ese momento, respaldaba al alcalde. No obstante, el nuevo intento vuelve a poner sobre la mesa los cuestionamientos al liderazgo de Quezada y la fractura evidente en la gobernabilidad.
Para muchos ciudadanos y analistas locales, esta situación pone en jaque la continuidad de los proyectos municipales, especialmente aquellos relacionados con infraestructura, seguridad y reactivación económica. La incertidumbre que rodea la gestión podría paralizar decisiones estratégicas mientras se desarrolla el proceso de remoción.
Proceso en marcha: tiempos, pruebas y posibles desenlaces
De acuerdo con el abogado Miguel Ángel Lascano Chávez, asesor legal del denunciante, este nuevo proceso podría tomar entre 30 a 45 días, plazo en el cual deben presentarse pruebas de cargo y descargo. La Comisión de Mesa, una vez finalizada esta etapa, deberá emitir un informe que recomiende al pleno del Concejo la continuidad o el archivo del proceso. Finalmente, será el cabildo quien decida, con base en dicho informe, el futuro político del alcalde.
Este procedimiento no solo pone a prueba el respaldo que aún pueda mantener Quezada entre los concejales, sino también su capacidad de enfrentar las acusaciones con evidencia clara y argumentos jurídicos sólidos.
¿Un alcalde debilitado o víctima de la confrontación política?
Más allá del fondo jurídico del caso, el conflicto también ha despertado debates sobre el uso de mecanismos como la remoción en contextos de pugna política. Para algunos sectores, estas acciones pueden ser vistas como intentos de desestabilización que obstaculizan el trabajo de las autoridades electas. Para otros, representan un instrumento legítimo de control ciudadano cuando se considera que el alcalde ha vulnerado sus obligaciones legales y éticas.
La figura de Franco Quezada se ve cada vez más presionada por estos eventos. En sus declaraciones públicas ha señalado que los ataques en su contra responden a intereses políticos que no aceptan su visión de ciudad ni sus decisiones administrativas. Por ahora, ha optado por el silencio estratégico ante esta nueva arremetida, a la espera de la resolución del proceso.
Lo que está en juego: el rumbo de Loja
La ciudadanía sigue de cerca cada paso de este proceso. Las organizaciones sociales, los gremios productivos y los líderes comunitarios coinciden en que el momento que atraviesa la ciudad no admite incertidumbres prolongadas. Loja necesita avanzar en sus agendas pendientes: movilidad, servicios básicos, seguridad, empleo y planificación urbana.
La resolución del proceso de remoción será determinante no solo para el futuro del alcalde Quezada, sino para el equilibrio institucional del cabildo y la estabilidad del gobierno local. Cualquiera que sea el desenlace, marcará un hito en la historia reciente de la política lojana.
