La Red Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil (RNSC) ha lanzado una alerta urgente al país. Lo que denuncian no es una simple dificultad financiera o una demora administrativa: se trata de una crisis profunda que amenaza con paralizar completamente los servicios que cientos de organizaciones sociales brindan a los grupos de atención prioritaria en el Ecuador. El impacto es inminente, grave y tiene rostro humano: niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres víctimas de violencia se encuentran al borde del abandono institucional por la falta de fondos y el incumplimiento de convenios firmados con el Estado.
Un sistema que agoniza
Las organizaciones sociales que conforman la RNSC han sostenido durante años una red de protección social indispensable para los sectores más vulnerables del país. Sin embargo, actualmente se enfrentan a un colapso anunciado. “Las casas de acogida para niños, niñas y adolescentes privados de su medio familiar o víctimas de delitos han entrado en una fase de grave riesgo al no contar con fondos para su alimentación y cuidado”, alertó la Red en un comunicado público.
El problema radica, según explican, en el incumplimiento sistemático de convenios por parte del Estado, específicamente en el retraso de transferencias económicas que debieron llegar en los primeros meses del año. Esto ha provocado que muchas instituciones operen ya en números rojos, acumulen deudas y deban reducir personal o suspender servicios básicos.
Las cifras que estremecen
Actualmente, más de 160.000 personas a nivel nacional reciben atención a través de proyectos ejecutados por estas organizaciones en coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). De ese total, cerca de 30.000 son niños y adolescentes acogidos por fundaciones que garantizan su protección, educación, salud y alimentación.
Si el Estado no actúa con urgencia, el cierre técnico de muchas casas de acogida será inevitable. Esto significaría dejar a miles de menores sin la protección institucional mínima que requieren tras haber sido víctimas de abandono, violencia intrafamiliar o explotación sexual.
La voz de quienes cuidan sin condiciones
Representantes de casas de acogida en Loja, Cuenca, Quito y Guayaquil han denunciado que desde enero de 2025 no han recibido ningún desembolso para sostener sus operaciones. “Trabajamos con vocación, sí, pero la vocación no paga el arroz, el gas, el sueldo de la psicóloga o la movilidad para llevar a los niños a una cita médica. Lo que está pasando es cruel y contradictorio: el Estado exige servicios, pero no paga ni los recursos mínimos”, comenta la coordinadora de una fundación en el sur del país.
A esto se suma el desgaste emocional del personal, que continúa cumpliendo con su deber sin recibir remuneraciones a tiempo, bajo presión y sin certezas sobre el futuro. El resultado es un personal agotado, servicios recortados y una red solidaria al borde del colapso.
¿Dónde están las prioridades del Estado?
La RNSC no solo hace una denuncia, sino que interpela directamente a las autoridades del Gobierno Nacional. En su comunicado sostienen que “la protección a los grupos de atención prioritaria no es un gasto, es una obligación constitucional y un deber moral”. Recalcan que el país no puede hablar de derechos humanos mientras permite que los más vulnerables sean los primeros en pagar las consecuencias de una mala planificación presupuestaria.
Lo preocupante, según analistas sociales, es que esta situación se repite cada año, pero en 2025 ha llegado a un punto crítico. Se firmaron convenios en enero, pero sin asignaciones claras ni garantías de sostenibilidad. “Es una política de ficción: firman papeles y sacan fotos, pero detrás hay una realidad insostenible”.
Un llamado urgente
La Red Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil exige al MIES y al Ministerio de Finanzas una acción inmediata: la asignación y transferencia de recursos pendientes, el respeto a los convenios firmados y la apertura de un diálogo real y técnico para repensar el modelo de corresponsabilidad social.
No se trata de una amenaza gremial. Se trata de salvar vidas, de evitar que miles de personas caigan en la desprotección absoluta. El Estado ecuatoriano tiene en sus manos una decisión clave: apoyar a quienes sostienen con esfuerzo la red social del país, o permitir que se desmorone todo el sistema de atención a los más vulnerables.
