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El Pleno de la Corte Constitucional de Ecuador, con 9 votos a favor, aceptó parcialmente la acción presentada por Edisson Gordillo en representación de la Asociación de Agentes Civiles de Tránsito de Loja, contra el Municipio de Loja, por el incumplimiento de una Ordenanza que regula el funcionamiento y estructura del Cuerpo de Agentes Civiles de Tránsito. Esta decisión, aunque favorable en parte, pone de manifiesto la necesidad de garantizar el cumplimiento pleno de las disposiciones legales y administrativas que rigen el trabajo de estos funcionarios.
La Ordenanza en cuestión establece las normativas para el correcto funcionamiento del Cuerpo de Agentes Civiles de Tránsito, una de las unidades más importantes en el ordenamiento y regulación del tránsito en la ciudad. Sin embargo, los agentes señalaron una infracción en las disposiciones transitorias de dicha normativa, las cuales, según su argumento, no han sido respetadas en su totalidad, afectando las condiciones laborales y operativas de los agentes de tránsito.
El caso fue llevado a la Corte Constitucional luego de que se agotaran los recursos legales a nivel local, y el tribunal ha decidido aceptar parcialmente la acción presentada por Gordillo. Este fallo establece que el Municipio de Loja deberá tomar medidas correctivas para cumplir con los aspectos de la Ordenanza que no se han implementado adecuadamente, particularmente aquellas relacionadas con las disposiciones transitorias que afectan la organización y la operatividad del cuerpo de agentes.
La resolución tomada por la Corte refleja una interpretación cuidadosa de los principios constitucionales relacionados con el derecho al trabajo y la protección de los derechos laborales de los agentes civiles de tránsito. En este contexto, el fallo resalta la importancia de que las autoridades locales cumplan con las normativas que afectan a los trabajadores del sector público, particularmente en áreas tan relevantes como la seguridad vial.
La Asociación de Agentes Civiles de Tránsito ha expresado su satisfacción con la decisión parcial de la Corte, ya que reconoce el derecho de los agentes a que se respeten las disposiciones de la Ordenanza, pero a su vez, señalan que es fundamental que se tomen medidas más definitivas para corregir las violaciones señaladas. Este fallo también pone de relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión de las normativas locales, garantizando que se cumplan plenamente las leyes que rigen los derechos y el bienestar de los trabajadores públicos.
La Corte Constitucional otorgó un plazo a las autoridades municipales para corregir las irregularidades, lo que será monitoreado por las partes involucradas. Este caso también podría sentar un precedente importante en cuanto a la aplicación de las normativas laborales dentro de las instituciones del Estado, fortaleciendo la protección de los derechos laborales en Ecuador.
