Contraloría revela indicios penales y perjuicio al Estado en contratos con ATM y Progen
En una rueda de prensa que sacudió el escenario institucional y de control del país, el Contralor General del Estado, Mauricio Torres, anunció que se aprobó el informe del examen especial realizado a la empresa ATM (Austral Technical Management) y sus contratos con la firma Progen, revelando una serie de sanciones administrativas, responsabilidades civiles y fuertes indicios de responsabilidad penal que comprometerían a exfuncionarios y proveedores del sector público.
El informe, elaborado por técnicos de la Contraloría tras un proceso de revisión minuciosa, concluye que «existen ciertos perjuicios para el Estado», tanto por irregularidades contractuales como por incumplimientos técnicos en la ejecución de convenios que involucraron fondos públicos. Las observaciones giran en torno a los contratos firmados entre ATM y Progen, especialmente en lo relacionado con procesos de fiscalización técnica, pagos sin respaldo legal y modificaciones contractuales no justificadas.
📑 Hallazgos clave del informe
Según detalló el Contralor, el examen abarca el periodo comprendido entre 2020 y 2023, e incluye proyectos ejecutados bajo figuras de delegación técnica y asistencia especializada en obras públicas. Entre los principales hallazgos se destacan:
- Contrataciones con sobreprecios técnicos en servicios de fiscalización.
- Pagos duplicados a contratistas, sin sustento documental validado.
- Modificaciones contractuales realizadas sin informes previos ni aprobación formal, violando el principio de legalidad.
- Posibles vínculos entre funcionarios públicos y proveedores para favorecer la adjudicación directa.
El documento oficial fue remitido ya a la Fiscalía General del Estado, que deberá iniciar las investigaciones pertinentes por posibles delitos de peculado, cohecho o tráfico de influencias. A su vez, se notificó a la Procuraduría para el inicio de acciones de repetición y cobro de glosas a quienes resulten responsables.
🧾 Implicaciones administrativas y civiles
Además de los indicios penales, la Contraloría ha dispuesto sanciones administrativas para varios exfuncionarios de nivel medio y alto, quienes firmaron contratos sin cumplir los requisitos establecidos en la normativa nacional de contratación pública. Las sanciones civiles están orientadas al resarcimiento económico del daño causado, cuyo monto aún no ha sido precisado pero que, según fuentes internas, superaría los USD 3 millones.
En la cadena de responsabilidades se han identificado a representantes legales de ATM, ejecutivos de Progen y directores técnicos de entidades estatales que participaron en la validación de procesos irregulares.
🗣️ Reacciones y contexto
Sectores sociales y observatorios ciudadanos celebraron la publicación del informe como un paso necesario para romper con la impunidad en contratos técnicos especializados, muchas veces blindados por su lenguaje técnico y baja visibilidad mediática.
Por su parte, ATM emitió un breve pronunciamiento negando cualquier dolo y asegurando que “todos los procedimientos seguidos durante la ejecución de contratos fueron transparentes y auditables”. Sin embargo, el informe aprobado por la Contraloría contradice esta afirmación con documentación y testimonios levantados durante las inspecciones.
El Contralor Torres fue enfático al señalar que este caso no será aislado:
“La auditoría pública no está para perseguir, sino para garantizar que cada centavo del Estado sea usado correctamente. Pero si hay daño, habrá consecuencias”, subrayó.
🔎 En perspectiva
Este caso representa una nueva prueba para la institucionalidad ecuatoriana, en un momento en que la ciudadanía demanda mayor transparencia, control riguroso y sanción efectiva en casos de corrupción. El seguimiento de este informe por parte de la Fiscalía será clave para determinar si el Ecuador está listo para cerrar el ciclo de impunidad que históricamente ha marcado la gestión pública en el país.
