La prefecta Paola Pabón y la bancada de la Revolución Ciudadana denuncian una presunta persecución judicial por motivos políticos tras decisión de la jueza Daniella Camacho.
La jueza nacional Daniella Camacho dictó medidas cautelares contra los dirigentes políticos Andrés Arauz y Esther Cuesta, quienes deberán presentarse una vez al mes ante la justicia, y contra Raúl González, a quien se le impuso una presentación quincenal y prohibición de salida del país. Las decisiones se enmarcan dentro del denominado “Caso Ligados”, donde la Fiscalía General del Estado investiga presuntos actos de asociación ilícita relacionados con la designación irregular del Superintendente de Bancos.
Reacciones políticas: Pabón denuncia uso de la justicia con fines políticos
La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, fue una de las primeras figuras en pronunciarse en contra de las medidas. A través de su cuenta en la red social X (@paolapabonc), manifestó su rechazo a lo que considera una instrumentalización del sistema judicial:
“Me niego a aceptar que se siga usando la justicia para resolver conflictos políticos en el Ecuador, esta vez van por @ecuarauz y @esthercuestasan. Los esfuerzos, recursos y tiempo del sistema judicial deberían enfocarse en garantizar la tranquilidad a los ecuatorianos, víctimas de la violencia y la inseguridad”, escribió.
Revolución Ciudadana: «Una persecución sin nombre»
Desde la bancada de la Revolución Ciudadana, el comunicado fue aún más enérgico. En un mensaje publicado en X (@bancadarc5), acusaron al gobierno de mantener una política de persecución política:
“Este gobierno decidió continuar con esta persecución sin nombre. No es un nuevo país, es el mismo que va hundiendo las esperanzas del Ecuador. Es el mismo que amenaza la libertad de quien disiente […] #NosGobiernanDelincuentes”, señalaron.
La investigación de la Fiscalía: ¿asociación ilícita para controlar el Estado?
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, la causa se inició tras una serie de hechos ocurridos entre diciembre de 2024 y los primeros meses de 2025. En el centro del caso está la designación de Raúl González como Superintendente de Bancos, realizada presuntamente en contravención a un dictamen de la Corte Constitucional.
Los principales implicados, según el Ministerio Público, serían:
- Andrés Arauz, quien habría actuado como coordinador político de las acciones, dando directrices desde la aplicación Wire a los exconsejeros del CPCCS.
- Esther Cuesta, quien desde la Asamblea Nacional habría gestionado maniobras institucionales para facilitar la posesión de González.
- Raúl González, beneficiado de la designación, a cambio —según Fiscalía— de ofrecer cargos clave dentro de la Superintendencia como retribución política.
Además, se incautaron dispositivos móviles de los implicados, cuyas conversaciones revelaron estrategias para ejercer control institucional y frenar decisiones judiciales desfavorables, según los informes de la FGE.
Contexto político: una disputa de fondo
El caso revive el debate sobre el uso de la justicia en disputas de poder político. El movimiento Revolución Ciudadana ha denunciado sistemáticamente una persecución política en contra de sus líderes, mientras que sectores oficialistas y de oposición sostienen que la justicia debe actuar contra actos de corrupción o abuso institucional, sin importar el partido.
La resolución judicial se da también en un momento de fuerte polarización en el país, donde la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado compite con la necesidad de mantener la independencia de funciones y evitar la judicialización de la política.
¿Qué sigue?
Los involucrados seguirán enfrentando el proceso en libertad bajo medidas cautelares. El curso de la investigación y una eventual audiencia preparatoria de juicio marcarán el siguiente capítulo en este caso que ya ha provocado un nuevo frente de confrontación entre el oficialismo y la oposición, en especial con la Revolución Ciudadana.
