La política ecuatoriana vuelve a sacudirse ante nuevas declaraciones que evidencian, una vez más, el uso del poder como moneda de cambio. Esta vez, la denuncia parte del legislador lojano Juan Andrés González, perteneciente al bloque de la Revolución Ciudadana (RC), quien reveló públicamente un presunto intento de compra política por parte de actores vinculados al oficialismo, específicamente a la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), liderada por el presidente Daniel Noboa.
La gravedad del hecho no solo radica en lo dicho, sino en el contexto en que se da: una Asamblea Nacional fracturada, donde cada voto cuenta y las alianzas tambalean. “El día domingo me llamaron. Me reuní en el Parque La Carolina porque quería escuchar qué es lo que me decían… Me propusieron conversar con Fausto Jarrín, de lamentable recordación dentro de la Revolución Ciudadana, para poder ser parte de los beneficios que en mi provincia de Loja me podía dar el gobierno, manejando ciertas instituciones, a cambio de que yo me pase a la bancada de ADN”, declaró González con contundencia.
🤝 El trasfondo de la denuncia
La acusación llega apenas días después de una tensa sesión legislativa en la que se ratificó la presidencia de Henry Kronfle (ADN) con 78 votos —apenas dos más de los necesarios para mantenerse en el cargo— lo que, según González, demuestra que el oficialismo está “desesperado” por asegurar apoyos. “Saben que están perdiendo votos. Con dos menos, se caía la presidencia”, afirmó.
El ofrecimiento, según el legislador lojano, habría sido disfrazado de “cooperación” para su provincia, incluyendo el supuesto manejo de instituciones públicas en Loja. Esta práctica, aunque denunciada en varias ocasiones a lo largo de la historia política del país, constituye un posible delito de tráfico de influencias y corrupción, además de minar la confianza ciudadana en sus instituciones democráticas.
📉 Democracia a prueba: el uso del poder como incentivo
Este tipo de acciones —si se prueban— representan una erosión directa al sistema democrático. El hecho de que un legislador denuncie presiones o incentivos para cambiar de bloque a cambio de cuotas de poder, institucionales o económicas, evidencia una lógica de gobernabilidad basada en prebendas, no en principios.
“¿Dónde queda la ética política? ¿Dónde la representatividad de los votantes?”, se preguntan algunos analistas. González, por su parte, ha dicho que no cederá a la presión: “No estoy aquí para negociar el futuro de Loja por cargos. Estoy aquí para representar a quienes me eligieron”.
🔍 El perfil del denunciante
Juan Andrés González es uno de los rostros más jóvenes del bloque RC en la Asamblea. Representante de Loja, ha sido una voz constante en temas de fiscalización y descentralización. Su posicionamiento firme frente al gobierno ha sido valorado por parte de sus electores, aunque también lo ha expuesto a confrontaciones con sectores oficialistas.
Según fuentes internas del bloque RC, no sería el único legislador que ha recibido propuestas similares, lo que podría configurar un patrón sistemático de presiones políticas.
🏛️ ¿Y el papel de Fausto Jarrín?
Uno de los nombres que más llama la atención en la denuncia es el de Fausto Jarrín, ex-asambleísta vinculado a la Revolución Ciudadana, hoy cercano a ADN, y quien según González habría sido parte del canal de contacto. Su rol exacto en este supuesto acercamiento aún no ha sido aclarado, pero su inclusión levanta sospechas sobre los hilos que el oficialismo estaría moviendo para captar legisladores.
Jarrín, quien en su momento fue uno de los rostros visibles de la defensa jurídica del expresidente Rafael Correa, hoy parece estar alineado con las estructuras de poder oficialistas, lo que ha generado críticas desde su antigua tienda política.
🗣️ ¿Cómo reacciona la ciudadanía?
En redes sociales y foros ciudadanos, la reacción ha sido de indignación. Algunos lojanos han respaldado a González, reconociendo su decisión de hacer pública la propuesta. Otros exigen una investigación formal por parte del Consejo de Participación Ciudadana, la Fiscalía General del Estado o incluso organismos internacionales, dada la posible afectación al Estado de Derecho.
La denuncia, además, reabre el debate sobre el sistema de designación y control de autoridades en las provincias, muchas veces politizado y condicionado por pactos y componendas.
