Con la mirada fija en el combate a las redes delictivas que han ganado terreno en Ecuador, el Pleno de la Asamblea Nacional tiene previsto debatir, este viernes a las 09:00, el Proyecto de Ley para la Lucha contra las Economías Criminales, una propuesta calificada por el Ejecutivo como de “urgente en materia económica”. Este proyecto llega en medio de un contexto nacional marcado por la violencia, la penetración del crimen organizado en la economía formal, y el creciente lavado de activos que debilita las estructuras estatales y privadas.
La iniciativa legislativa forma parte del paquete de reformas estructurales que el gobierno ha impulsado tras declarar la lucha contra el crimen organizado como prioridad nacional. El objetivo: cortar las fuentes de financiamiento de las bandas criminales que hoy no solo controlan territorios, sino que operan sofisticadas redes de negocios ilícitos, infiltrándose en sectores como la minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando, los juegos de azar clandestinos, la trata de personas y la extorsión.
📌 ¿Qué propone el proyecto?
Según el borrador conocido, el proyecto de ley establece mecanismos para prevenir, detectar y sancionar la circulación de capitales ilegales en la economía ecuatoriana. Entre sus puntos clave se encuentran:
- La creación de un Registro Nacional de Actividades Económicas Sospechosas, que permita rastrear movimientos financieros anómalos y vínculos entre empresas fachada y redes delictivas.
- Nuevos controles sobre los sectores de mayor riesgo, como casas de empeño, inmobiliarias, joyerías y negocios de importación/exportación.
- Fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) con mayor capacidad de fiscalización y atribuciones para investigar sin necesidad de denuncia previa.
- Coordinación directa con la Fiscalía General del Estado, Policía Nacional y organismos internacionales para identificar flujos de dinero ilegal y perseguir penalmente a sus responsables.
- Sanciones penales y económicas más severas para quienes colaboren o permitan el blanqueo de dinero, ya sea de forma activa o por omisión de controles.
🔍 Contexto de urgencia
La declaratoria de urgencia económica no es casual. Durante los últimos meses, el país ha enfrentado una escalada de violencia sin precedentes, con atentados, asesinatos selectivos y una creciente presencia de grupos armados en sectores urbanos y rurales. Las autoridades sostienen que esta violencia está íntimamente relacionada con la economía criminal que sostiene a estas organizaciones.
Según datos oficiales, solo en el primer trimestre de 2025 se detectaron más de 250 millones de dólares en operaciones financieras sospechosas, muchas de ellas sin justificación en actividades lícitas. Además, se estima que al menos un 6% del Producto Interno Bruto (PIB) ecuatoriano podría estar ligado directa o indirectamente a flujos de dinero ilícito, una cifra alarmante que evidencia el alcance del problema.
🗣️ Opiniones encontradas
Si bien el proyecto ha sido aplaudido por sectores empresariales, bancarios y organizaciones sociales que exigen mayor transparencia y control, también ha generado preocupación en algunos gremios que temen una sobrerregulación o persecución injustificada. Juristas advierten que debe existir una clara distinción entre medidas efectivas y violaciones a derechos fundamentales, como la presunción de inocencia o la privacidad financiera.
Por su parte, legisladores del bloque oficialista aseguran que se respetarán las garantías constitucionales y que el fin no es asfixiar la economía formal, sino cerrar las vías por donde se cuelan los capitales ilícitos. La oposición, aunque dividida, ha expresado su voluntad de analizar con seriedad la propuesta, pero advierte que se debe evitar el uso político del combate al crimen.
📊 Un punto de inflexión para la seguridad económica
La jornada del viernes marcará un momento decisivo para el país. Si el proyecto avanza en su primer debate, se abrirá la posibilidad de su aprobación en menos de 30 días, dado el carácter de urgente. Para el Ejecutivo, se trata de una herramienta fundamental en su estrategia de seguridad integral. Para la Asamblea, un examen sobre su capacidad de legislar en tiempos críticos.
En un país donde el crimen organizado ya no solo asesina, sino que también invierte, corrompe y se camufla en la economía formal, esta ley podría convertirse en un punto de inflexión para recuperar el control institucional, financiero y social.
